Media sanción a la Ley de Bases: se aprobaron las reformas laboral y del Estado, jubilaciones, privatizaciones y facultades delegadas

Con el apoyo de un importante número de legisladores dialoguistas, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de la Ley Bases y paquete fiscal, mientras todavía es una incógnita respecto de cómo resultará la votación en particular.

Minutos antes de las 9hs., después de casi 18 horas de debate y con 253 diputados presentes en el recinto, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo obtuvo 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones.

Después de cómo se abordaría el tratamiento particular, ya que durante la labor parlamentaria se acordó que la votación sería "capítulo por capítulo" y no "artículo por artículo", se reanudó el debate y se aprobó el capítulo que contempla la delegación de facultades con el voto afirmativo de 134 diputados, 117 por la negativa y una abstención.

Luego fue el turno del capítulo "Reforma del Estado", uno sobre los que había incertidumbre respecto si el oficialismo obtendría el respaldo suficiente, lo que finalmente sucedió ya que resultó aprobado con el respaldo de 135 legisladores, mientras que 116 lo hicieron en contra y 2 se abstuvieron.

También se aprobaron los capítulos "Privatizaciones", con el apoyo de 138 legisladores, la negativa de 111 y 2 abstenciones, "Empleo público", con 138 legisladores por la afirmativa, 113 por la negativa y 1 abstención, "Emergencia pública por un año", "Energía", "Registro único de empleo", "Reforma laboral" y la creación del "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones", a partir de lo cual las "grandes inversiones" que se concreten bajo este régimen serán declaradas "de interés nacional" y "útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias y los municipios", de acuerdo al texto de la norma.

También se aprobó la eliminación de la moratoria jubilatoria y el reemplazo por la “Prestación de Retiro Proporcional”.

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La última moratoria previsional puesta en marcha por el Gobierno de Alberto Fernández permitía que personas que no habían llegado a los 30 años de aportes jubilatorios durante su ejercicio laboral pudieran igualmente acceder a una jubilación mínima a través de un programa en el que se les iba descontando de las cuotas de los haberes lo correspondiente por los años adeudados. El Gobierno de Javier Milei consideró que no es justo para las personas que aportaron durante 30 o más años financiar a aquellas personas que por distintas circunstancias no llegaron a hacerlo.

De acuerdo a esta visión, la generalización de las moratorias y la universalización jubilatoria condujo a un achatamiento de la pirámide que va en detrimento de los ingresos de los jubilados que hicieron contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) “durante toda su vida” laboral. En reemplazo de la moratoria, el Gobierno incluyó un sistema similar a la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) que reconocía el 80% de los haberes de una jubilación mínima para aquellas personas que no hubieran alcanzado los 30 años de aportes requeridos por regla general.

Justamente la nueva “Prestación de Retiro Proporcional” propone otorgar a las personas que no cumplen con los requisitos para jubilarse un proporcional por los años de aportes, con un mínimo del 80% del haber de una jubilación mínima.

En cuanto al paquete fiscal, la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias está en duda. El mínimo no imponible fijado por el Gobierno en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros no conforma a sectores de la oposición dialoguista.