El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó a cargo de una denuncia por el pago de una suma multimillonaria a una remisería en la que trabajaba el chofer Oscar Centeno, autor de los apuntes que dieron lugar a la causa denominada como los cuadernos de la corrupción, durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, confirmaron hoy fuentes vinculadas al expediente.
La denuncia la formuló el fiscal federal Eduardo Taiano, quien solicitó una serie de medidas relacionadas con la actividad de la empresa en la que trabajaba Centeno, cuyas anotaciones sobre lo que veía en los viajes dieron lugar a la denominada causa de los “cuadernos de la corrupción”.
En esa causa, a cargo del juez federal Claudio Bonadío, Centeno es uno de los procesados junto a la ex presidenta y al detenido ministro de Planificación Federal Julio de Vido, entre otros.
El fiscal requirió recabar datos para determinar si hubo delito con el pago, entre 2008 y 2015, de 66.111.531,56 pesos a la agencia de remises Transcom Service S.A., con sede en San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense.
En su dictamen, Taiano consignó que la remisería cobró esa suma por “los presuntos servicios de transportes brindados al entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación", a cargo de De Vido.
Uno de los automóviles de la remisería era conducido por Centeno, quien se ocupaba de trasladar al ex secretario de Coordinación del Ministerio, Roberto Baratta.
Centeno, según el sumario que instruye Bonadío, anotó en cuadernos las supuestas entregas de dinero de empresarios a funcionarios, supuestos “retornos” por la concesión de contratos con el Estado, en particular sobre obras públicas.
Luego, el chofer, como “imputado colaborador”, brindó datos sobre el pago de las “coimas” a funcionarios.
“Empezó como chofer y después comenzó a comprar autos, no sé como hizo”, dijo Hilda Horovitz, la ex mujer de Centeno sobre el incremento patrimonial del “arrepentido”.
Entre las medidas solicitadas por Taiano figuran la declaración testimonial de Horovitz, obtener la facturación oficial y balances de la remisería, si el personal que trabajaba para la misma estaba registrado y documentación sobre la contratación de la empresa por parte del Estado.
El fiscal quiere que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informe “todas las declaraciones juradas presentadas por 'Transcom Service SA' desde 2003 hasta la fecha" y los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor sobre los rodados a nombre de Centeno o la agencia.
Taiano pidió, además, que se requiera al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que envíe una circular a todas las entidades financieras bajo su control, para que informen a Martínez De Giorgi si existen cuentas de cualquier tipo a nombre de la Transcom Service SA y sus integrantes.
El fiscal pretende saber quienes eran los autorizados a operar con esas cuentas, en pesos o en moneda extranjera, y si se efectuaron giros al exterior y por qué importes.
Taiano requirió que la Unidad de Información Financiera (UIF) informe si la remisería tuvo reportes de operaciones sospechosas y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) detalle la nómina de quienes fueron objeto de retención y aportes previsionales.
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