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El presidente de México, Andrés López Obrador, admitió hoy que la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del célebre Joaquín El Chapo Guzmán, poco después de ser arrestado en Culiacán, fue para evitar poner en peligro "las vidas de las personas", en una decisión que supone una rendición frente al narcotráfico.
"No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos (el gabinete de seguridad) tomaron esta decisión de liberarlo y yo la respaldé", dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa matutina, esta vez desde la ciudad sureña de Oaxaca.
El gobernante izquierdista reconoció que la situación "se tornó muy difícil" en Culiacán - que durante horas estuvo sitiada por las balas y la violencia- y, al estar "en riesgo" muchos ciudadanos, se optó por dejar en libertad a este delincuente.
Relató que ayer a la tarde le informaron sobre los acontecimientos en esta ciudad del convulsionado estado de Sinaloa y de inmediato se reunieron los integrantes del gabinete de seguridad, citaron medios locales y la agencia de noticias EFE.
Este gabinete está encabezado por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda; de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y por el titular de la recién creada Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, para darle seguimiento al problema.
"Se concentraron y le dieron seguimiento a ese asunto y tomaron decisiones que yo respaldo y avalo porque la situación se tornó muy difícil. Estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo porque no se trata de crear masacres", amplió.
Explicó que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, pero "hubo una reacción muy violenta de los delincuentes y no se podía poner en riesgo la vida de mucha gente".
Añadió que hubo una movilización de los grupos de la delincuencia en toda la ciudad de Culiacán y hasta tomaron peajes e incluso se desplegaron en otros municipios del estado, como El Fuerte.
Insistió en que su decisión se tomó para proteger a los ciudadanos porque "no se puede apagar el fuego con el fuego".
"Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra, cuesta trabajo entenderlo pero la estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio", expresó en referencia los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), en los que se estiman más de 250.000 muertos y más de 40.000 desaparecidos por la llamada guerra contra el narcotráfico.
El suceso en Culiacán reflejó el enorme control que tiene el Cártel de Sinaloa y sus células sobre la región, que se consideraba relativamente pacificada en los últimos meses.
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