Un decreto del gobierno nacional prevé indemnizar a funcionarios jerárquicos

El gobierno nacional promulgó un decreto que formaliza un régimen para la alta administración pública, con un nuevo sistema de compensaciones e indemnizaciones.

La norma promete generar polémica, porque deja como herencia a Alberto Fernández un nuevo mecanismo de jerarquización de los funcionarios que dificultará al nuevo gobierno mover de sus cargos a quienes fueron designados por concurso en la era Macri.

La normativa homologa un acuerdo firmado a mediados de año con UPCN -el gremio de estatales de mejor sintonía con la gestión saliente-, que tuvo el rechazo de ATE.

El decreto 788/19 otorga una estabilidad por cinco años a los funcionarios nombrados por concurso en la “alta administración pública”. Es decir, como directores generales, directores o coordinadores del Estado. La norma aclara que para conseguir esa estabilidad se requiere la permanencia en el puesto por un año.

Según el decreto, la estabilidad en la alta administración pública solo se pierde por tres causales: evaluaciones de desempeño insuficientes, sanciones disciplinarias o una reestructuración que implique la supresión del puesto.

Por las dos primeras causales, no se prevé indemnización alguna. Pero en caso de que la persona pierda su cargo por una reestructuración del organigrama (habitual con cualquier cambio de gestión), están previstas jugosas compensaciones.

Dado que el decreto prevé estabilidad en los cargos por cinco años, en caso de que por una reestructuración la persona pierda su puesto, el decreto contempla distintos escenarios. Cuando se trate de una persona de planta permanente podrá reintegrarse a su puesto y percibir una bonificación para sostener el salario que tenía en la alta administración pública.

Cuando el trabajador no esté en planta permanente podrá obtener un cargo con el mayor nivel escalafonario y recibir el mismo plus. Caso contrario, podrá exigir “una indemnización equivalente a la remuneración de su posición multiplicada por la cantidad de meses que resten para cumplir los cinco años”.

La medida fue cuestionada por ATE, que advirtió que “a 15 días de la asunción de la próxima gestión, Macri intenta condicionarla, homologando un régimen que genera beneficios extravagantes respecto de los trabajadores de carrera”.

Y aseguró que el decreto es “un golpe de efecto” y advirtió que está evaluando una denuncia en la Justicia Laboral.