Buscan a Samid, quien dijo estar "en un campo muy grande al que es muy difícil entrar"

La justicia penal continuaba hoy con la búsqueda del empresario Alberto Samid, quien aseguró que seguía en el país aunque refugiado "en un campo muy grande, al que es muy difícil que puedan acceder". Las declaraciones de Samid sorprendieron a su propio abogado, Vicente D'Attoli, quien dijo estar "desconcertado" por su reacción y advirtió que "corre el riesgo de quedar detenido por peligro de fuga" si no se presenta a declarar ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1.

"Me vine a un campo para que no me vean. Estoy en la Argentina, en un campo muy grande al que es muy difícil que puedan entrar. Hay ocho tranqueras; es muy difícil que puedan entrar", aseveró Samid, cuya presencia es requerida por el empresario, quien permanecía hoy sin presentarse a comparecer ante la justicia en una causa por presunta asociación ilícita.

De esta forma, el emblemático empresario de la industria de la carne salió al cruce de versiones periodísticas que, insistentemente, señalaban que había logrado salir del país. Más temprano, su abogado, Vicente D'Attoli, había asegurado -también en una entrevista con una radio- estar "desconcertado" por la actitud asumida por su defendido que, dijo, siempre había manifestado voluntad de "asistir a todas las audiencias, aun cuando no era obligatorio", en el marco de este expediente.

El letrado insistió con que "no hay pruebas" contra Samid en la causa y estimó que "se encaminaba a la absolución". En su nueva aparición pública, esta vez a través de la radio del portal El Destape, Samid insistió en definirse como un "perseguido político" y volvió a denunciar públicamente haber sido víctima de una supuesta "extorsión" por parte "del fiscal de la causa" al sostener que supuestamente le habría pedido "1,8 millones de dólares para una causa que estaba cerrada hace treinta años".

"Me lo pidió el fiscal, que es de la misma banda que está en Comodoro Py, que es una unidad básica del PRO", volvió a disparar el empresario, quien, según fuentes judiciales, de persistir en su decisión de no presentarse a declarar ante la Justicia, podría ser declarado prófugo, con los riesgos procesales que eso implica. De hecho, en las declaraciones que formuló esta mañana, el abogado Vicente D'Attoli advirtió que Samid "corre el riesgo de quedar detenido por peligro de fuga" en caso de que no se presente a declarar ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, "cosa que no ocurriría si se mantuviera a derecho".

"Estoy desconcertado", afirmó D'Attoli, quien representa legalmente a Samid desde hace 30 años e incluso ejerció su defensa desde el inicio mismo del expediente ahora en cuestión, que arrancó hace 23 años, allá por 1996, consignó. En este sentido, el abogado contó que el Tribunal le había asegurado a Samid que mantendría su criterio de "mantener la libertad hasta tanto recayera sentencia firme, es decir en caso de que hubiera condena y esa condena pasara además por Casación y la Corte Suprema, cuando en verdad también podía venir una absolución porque se trata de una causa muy antigua, de casi 25 años, en la que no hay pruebas" y "el delito de evasión no existe más".

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De hecho, el letrado -quien reveló haber presentado en las últimas horas la renuncia a la defensa de Samid ante su decisión de no seguir los pasos que le indicó pero que deberá continuar en ese rol hasta que su decisión sea confirmada- aseguró que el expediente que involucra al empresario "empezó en 1996, estuvo 23 años dando vueltas y hubo tres sobreseimientos".

abogado defendió el accionar tanto de los jueces como del fiscal al subrayar su "acabada honestidad" y dijo que no le constaba que el fiscal hubiese intentado extorsionar al empresario, tal como lo denunció él mismo en sus apariciones mediáticas de anoche y este mediodía, y que, de hecho, en los trámites no había vislumbrado "ninguna irregularidad".

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en su calidad de querellante, solicitó que Samid sea condenado a siete años de prisión por considerarlo jefe de una asociación ílicita que causó un perjuicio al Estado estimado en 28 millones de pesos.