Juzgan a tres comisarios forenses por encubrimiento

Un médico legista comprometió la actuación de dos de los tres comisarios forenses que comenzaron a ser juzgados por encubrimiento y falso testimonio en el caso del ecologista Carlos Castello, asesinado en Lobos en octubre de 2008, al asegurar que cometieron “al menos cuatro errores notorios” en la operación de autopsia.

Se trata de Ramiro González Oliva, quien aseguró ante el juez Diego Tatarsky, titular del juzgado Correccional 5 de La Plata, que “no se pueden confundir o ignorar las heridas que Castello tenía en el tórax y rostro” y que no habían sido asentadas en el informe de la autopsia, con los que complicó la situación procesal de los peritos comisarios Karina Marcela Sabules y Pablo Carlos Micelli, que son juzgados junto a Jorge Antonio Álvarez Ceballos.

Los tres están acusados de encubrimiento y falso testimonio cometidos presumiblemente para garantizar impunidad a personal de esa fuerza de seguridad que podría estar involucrado en el asesinato en las proximidades de la Laguna de Lobos, hace casi 11 años. “En base a las fotografías oficiales, se percibió durante mi estudio la presencia de lesiones vitales pre mortem que no habían sido consignadas en la autopsia”, afirmó el legista y ratificó que “las lesiones en el rostro y en el tórax que tenía Castello son pre mortem porque no tuvieron los signos habituales de la evolución de dos o más días”.

González Oliva prestó su testimonio como perito de parte convocado por Eduardo Castello, particular damnificado en la causa y hermano de la víctima, y destacó que en total advirtió “15 errores en la autopsia, cuatro de ellos notorios”.

También el legista Julio Echenique describió que la víctima tenía lesiones “vitales y evidentes” en la nariz, pómulo derecho y en el labio, “producto de golpes recibidos antes de la muerte y que no podían dejarse de ver en una autopsia”.

“También tenía en el antebrazo derecho cortes realizados por cuchillos o elementos cortantes, que se corresponden ante la defensa de agresiones”, destacó el profesional. Carlos Anselmo Leiva, un vecino que figura en las actas como testigo del procedimiento policial en la casa de Castello, declaró que “lo que figura en ese documento es falso” porque ese día fue convocado “cuando el operativo estaba casi terminado y el inmueble lleno de gente y policías, fue todo irregular”.

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La causa estuvo caratulada como suicidio durante casi dos años, hasta que con la intervención del Fiscal de Berazategui, Daniel Ichazo, se determinó que el ecologista había sido asesinado y las sospechas recayeron sobre policías bonaerenses. Castello estaba enfrentado con las autoridades del Club de Pesca de Lobos y de la Municipalidad local a partir de una denuncia suya por la usurpación de una calle que permitía el libre acceso del público a la ribera de la laguna, que había motivado varias movilizaciones vecinales.