A pocos días de que se cumpla un año del escándalo que lo sacó de su despacho en la Sala V del tribunal de Casación, el juez Martín Ordoqui recibió ayer una pésima noticia que lo deja casi sin chances de volver a ese sillón: el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense lo suspendió en sus funciones hasta el final del jury y le trabó un embargo sobre el 40% del sueldo. Es el primer funcionario de Casación en pasar por esa instancia.

El nombre de Ordoqui aparece en varias investigaciones “pesadas” en el fuero penal platense, como la que tiene detenido al ex juez de Garantías César Melazo como supuesto cabecilla de una asociación ilícita conformada por otros funcionarios judiciales, policías, barras y ex convictos, dedicados a robar casas y cometer estafas con autos falsificados, entre otros delitos.

Ordoqui había sido apartado en forma preventiva por el jurado, acusado de “tráfico de influencias y de asociación ilícita”, aunque no se pudo ordenar su detención por sus fueros como juez.

La resolución se aprobó por mayoría con el voto del presidente Eduardo Julio Pettigiani, de los legisladores Sandra Paris y Julio Marcelo Dileo (de Cambiemos) y de los conjueces abogados Fulvio Germán Santarelli y Ricardo Arturo Fabris (de San Isidro). En disidencia votó el legislador Mariano Pinedo (de Unidad Ciudadana), mientras que se ausentaron los legisladores Sergio Berni (Unidad Ciudadana) y Guillermo Castello y los conjueces Juan Emilio Spinelli (de Necochea) y Alicia Cristina Racig y Aníbal Juan Mathis (de San Isidro).

Tras una primera suspensión en agosto, el Jurado la confirmó en noviembre del año pasado. El 4 de diciembre lo apartaron preventivamente de su función y se delegó en la presidencia del tribunal la facultad de disponer la continuidad de la medida por 90 días más, lo que sucedió el 25 de febrero y el 23 de mayo de este año.

El rol de acusadores lo asumieron el procurador bonaerense Julio Conte Grand y la comisión bicameral, que coincidieron en sus argumentos para fundamentar el pedido de destitución de Ordoqui.

Una de las causas en las que figura como imputado es la que arrancó con el homicidio del ex convicto Juan Roberto Farías, en diciembre de 2010, por la que están detenidos, además de Melazo, otras nueve personas, entre ellas dos ex comisarios y el ex fiscal penal Tomás Morán, que fue beneficiado con el arresto domiciliario.

Melazo renunció a su cargo en junio de 2017, cuando ya estaba apartado de sus funciones de manera preventiva por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado. La fiscal que instruyó la llamada causa de la “megabanda” es la titular de la UFI 2, Betina Lacki, que le imputó al camarista el delito de tráfico de influencias agravado.

Según el ministerio público, en la investigación se acreditó que “Ordoqui se comprometió, a cambio de un monto de dinero, a interceder ante sus pares de otra sala de Casación para obtener la revocación de la denegatoria a un pedido de morigeración de una medida de coerción en favor de Javier Ronco (otro de los imputados del caso), que estaba detenido por un doble homicidio” en el Camino Negro.

La decisión de rechazar el beneficio resuelta por el Juzgado de Garantías 5 fue confirmada por la Sala 1 de Casación, tras lo cual un hombre con “contactos en el ámbito judicial”, Rubén “Tucumano” Herrera “utilizó su influencia para vincular a Ronco con Ordoqui, quien a cambio de una suma no determinada, y valiéndose de su cargo como juez de Casación utilizo los medios a su alcance para influenciar a sus colegas , con quienes tenía relación diaria por su misma condición”, argumentó la Procuración. Así, “la Sala I del órgano casatorio, integrada por (Daniel) Carral y (Víctor) Violini revocó la resolución de cámara” y le otorgó a Ronco la prisión domiciliaria con monitoreo, pese a ser muy joven, gozar de buena salud y tener la pena máxima como expectativa de condena. Se presume que pagó 2 millones de pesos por ese beneficio.

Pero “como la morigeración no era suficiente para Ronco”, siguió la acusación, “ apareció un segundo sujeto -Enrique Petrullo- con conexiones en el poder judicial que, entre otras actividades, realizó las tratativas necesarias para obtener nuevamente, a cambio de una suma de dinero, la injerencia de Ordoqui sobre otros magistrados, a fin de que estos hicieran lugar a la excarcelación de Ronco, influencia que - esta vez- tuvo resultado adverso”.

Es que la nueva morigeracion fue rechazada por el Juzgado criminal interviniente, la Sala I de la Cámara de Apelaciones lo confirmó y el recurso de queja fue rechazado por la sala I de Casación, con una conformación distinta que la que había fallado a favor en 2015.

En la fundamentación de los cargos, tanto la Procuración como la Bicameral tuvieron en cuenta numerosos testimonios acumulados en los expedientes y el material encontrado en un pendrive que secuestraron en el allanamiento en la casa de Ronco, quien grababa las conversaciones de su entorno.

En una de ellas, que mantuvo con su ex cuñado Herrera, “hicieron referencia a jueces que tranzan y a otros que saben que no agarran, mencionando (entre los primeros) a Martin, en alusión a Ordoqui”, se lee entre los argumentos.

En definitiva, el tribunal consideró verosímiles los los cargos endilgados y allanó el camino al jury del camarista, quien podría perder sus fueron y terminar preso.

En su defensa, Ordoqui negó haber recibido dinero y dijo que no hay pruebas en su contra