PARÍS

EFE

El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, aprobó su reforma de las pensiones con protestas en las calles de los sindicatos opuestos que, aunque no lograron movilizar tanto como al empezar el movimiento hace siete semanas, cuentan con un apoyo mayoritario de la opinión pública.

En una nueva jornada de manifestaciones desde la primera ocurrida el 6 de diciembre, la disparidad de cifras de participación fue enorme: el sindicato CGT que lidera el movimiento contabilizó 1,3 millones (de 350.000 a 400.000 en París) mientras que para el Ministerio del Interior fueron 249.000 en toda Francia (31.000 en París).

La guerra de cifras ilustra la voluntad del líder de la movilización y “número uno” de la CGT, Philippe Martínez, de intentar presentar un aumento de la movilización en las calles, pero también de las huelgas.

En el transporte público, donde los paros se han mantenido de forma ininterrumpida durante 51 días pero con mucho menor impacto desde hace un par de semanas, se cancelaron el 30 por ciento de los trenes regionales y el 40 por ciento de los cercanías en París.

Además, en el metro de la capital dos de las 14 líneas (las automáticas) funcionaron con normalidad, mientras que el resto estuvieron en servicio pero con menos trenes de los habituales y en algunos casos únicamente durante las horas punta.

En otros sectores, el porcentaje de huelguistas fue del 4,42 por ciento en las diferentes administraciones públicas, frente al 2,51 por ciento el 16 de enero, el último día de manifestaciones, según el Ejecutivo, y del 13 por ciento en el colectivo de los profesores.

ANTES DEL VERANO

El Consejo de Ministros aprobó dos proyectos de ley para la reforma que empezarán a tramitarse en el Parlamento el 3 de febrero (el 17 en el pleno de la Asamblea Nacional) para su aprobación antes del verano.

El eje cardinal es la convergencia de los 42 regímenes de pensiones actuales en un sistema universal por puntos en el que cada euro cotizado dará los mismos derechos en el momento de la jubilación.

Aunque la edad mínima de jubilación seguirá siendo de 62 años, se introduce la noción de “edad de equilibrio” que servirá para garantizar la regla del equilibrio financiero.

En la práctica, los que se jubilen antes de llegar a esa “edad de equilibrio” -que variará en función de la esperanza de vida- tendrán una penalización, y una bonificación los que se mantengan más tiempo en actividad.

MACRON CONTRA LA VIOLENCIA

Macron, por boca de la portavoz del Ejecutivo, Sibeth Ndiaye, no se privó de lanzar dardos en dirección de los sindicatos que se le oponen al denunciar “los actos de violencia y de radicalidad de ciertos bloqueos” en los últimos días, conforme las huelgas perdían fuelle.

La semana próxima se abre el día 30 una conferencia de financiación en la que sindicatos y patronal buscarán una fórmula para reducir alrededor de 12.000 millones de euros de déficit que se calcula tendrá el sistema actualmente en vigor en 2027 cuando se ponga en marcha el sistema por puntos.

Pero la CGT y las otras centrales que piden la retirada del proyecto, que no es seguro que participen, ya han anunciado para la víspera otra jornada de movilización en las calles, a la que se podrían añadir dos más el 30 y el 31.

“Lo único que hemos entendido de este proyecto es que vamos a tener que trabajar más”, se quejó Martínez, que sabe que su principal activo, más allá de una capacidad de movilización que va a la baja, es la opinión pública.

Un 70 por ciento de los franceses está a favor de que el movimiento de protesta continúe, según el instituto demoscópico BVA, y un 61 por ciento opina que Macron debería escuchar esa oposición y retirar su proyecto, de acuerdo con otra encuesta de Elabe.