Por impuestos y tasas, la agroindustria le da al Estado 6 de cada 10 pesos que genera

El sector empresario reclama una y otra vez por la elevada presión impositiva que afecta al mundo del trabajo y condiciona las inversiones. Y uno de los sectores económicos más fuertes y dinámicos del país -la agroindustria- no es la excepción. Por eso, un estudio sectorial revela que casi 60 de cada 100 pesos que produce el campo se van a pagar impuestos nacionales y provinciales y tasas municipales, aunque con algunos cultivos esa cifra trepa a casi a 65 pesos.

Estos datos se desprenden del índice elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), donde se refleja que la participación del Estado en la renta agrícola fue del 59,2 por ciento para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Pero este indicador no incorpora el impuesto a la riqueza, que en algunos casos puede incrementar la carga tributaria sobre el productor.

Así, de cada $100 que genera el productor (ingresos menos costos), $59,2 se lo llevan los distintos niveles del Gobierno a través del cobro de impuestos. Por otro lado, la participación del Estado en la renta de una hectárea de maíz es de 49,7 por ciento; en una de trigo es de 55,2 por ciento; en una de girasol, 49 por ciento, y en una soja, 64,6 por ciento.

El 59,2 por ciento de participación del Estado está compuesta por impuestos de diversos orígenes y con distintos destinos. Los impuestos no coparticipables son el 61 por ciento del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina. En esta categoría se encuentran principalmente los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los coparticipables entre el Estado Nacional y las provincias son el 34 por ciento. Acá se ubican principalmente el impuesto a las ganancias y el IVA. Las provincias reciben parte de este 34 por ciento a través de la coparticipación y, a su vez, aplican otros impuestos. Este índice considera el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos con ciertas consideraciones metodológicas ya que en algunas provincias la actividad está exenta. Y concluye en que los impuestos provinciales representan el 4,5 por ciento de los impuestos totales, según refleja el indicador.

Los municipios aplican sus cargas impositivas y representan el 0,5 por ciento del índice FADA promedio nacional. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales.

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DATOS

“El índice reconoce rindes menores que en otras campañas. El trigo se vio muy afectado por la sequía y, por las proyecciones climáticas, se espera que maíz y soja, también se vean afectados. Esto también se va a ver reflejado en la próxima medición en marzo”, comentó Miazzo, que es economista jefe de FADA.

En cuanto a precios, respecto a diciembre de 2019, el precio FOB de la soja ha mejorado un 35 por ciento, el del maíz 31 por ciento y el trigo 28 por ciento. Esto también trajo incrementos de los precios en el mercado interno.

“Algo que siempre se remarca en este informe es el tema del federalismo en un esquema fiscal como este, que muestra que más de la mitad de los impuestos que recauda el Estado Nacional, no se distribuye luego entre las provincias, en una actividad como la agrícola, que está presente en todo el territorio argentino”, explicó Miazzo.

“Esto afecta de manera negativa al federalismo por tres cuestiones: la primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación”, concluyó Miazzo.

ÍNDICES PROVINCIALES

Mientras el índice FADA nacional es de 59,2 por ciento, Buenos Aires 60,7 por ciento, Córdoba registra un 58,7 por ciento, Santa Fe 58,4 por ciento, La Pampa 58,7 por ciento, Entre Ríos 62,3 por ciento y San Luis 57,1 por ciento.

Para esas mediciones se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes. También se tiene en cuenta cuánto de cada cultivo se produce en relación al territorio cultivado de la provincia. “Por ejemplo, en el caso de San Luis, que tiene el índice más bajo, se debe a que se produce una mayor cantidad de maíz, que es el cultivo con menos participación del Estado, no a una menor presión fiscal en sí”, explicó Miazzo.

En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. La alícuota es del 1 por ciento en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75 por ciento en Entre Ríos y 0,5 por ciento en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

CEPO CAMBIARIO

El cepo cambiario es una restricción al acceso al tipo de cambio oficial, y una de las consecuencias que se desprenden de esto es el crecimiento de la brecha cambiaria: un tipo de cambio oficial de $81,02, un dólar bolsa de alrededor de $147 y un blue de $160, es decir, una brecha cercana al 100 por ciento.

“Esto genera en la economía un incentivo de las personas a adquirir y stockearse de bienes dolarizados: autos, electrónica y materiales de construcción. En el sector agropecuario genera dos efectos: por un lado, incentiva a una mayor retención y ventas con precio a fijar o sin liquidar; por otro lado, genera incentivos a stockearse de bienes dolarizados como maquinaria, fertilizantes y fitosanitarios”, comentó Miazzo.

El endurecimiento del cepo además limita la entrada de divisas e impulsa mayores importaciones. Lo mismo sucede cuando se aplica a empresas y se limita que accedan al tipo de cambio oficial para saldar deudas en dólares. Esto genera mayor riesgo en estas empresas y menores posibilidades de ingreso de dólares por créditos corporativos. “Por esto se dice que el cepo limita la pérdida de dólares de las reservas, pero también inhibe cualquier oportunidad de ingreso de dólares”, concluyó el economista.

En los últimos 12 meses, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 36 por ciento. En los últimos 3 meses, se incrementó un 7,9 por ciento. “Que el tipo de cambio nominal no se atrase respecto a la inflación es importante en actividades exportadoras para proteger la competitividad cambiaria, aunque en contextos de brecha cambiaria cercana al 100 por ciento estos análisis de tipo de cambio real multilateral pierden vigencia”, analizó Miazzo.