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Policiales |LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN DE GESELL

Más pruebas contra los detenidos en su ropa y debajo de las uñas de Fernando

Un estudio detectó material genético de Blas Cinalli en las manos. También hay sangre suya en la mayoría de las prendas incautadas

Más pruebas contra los detenidos en su ropa y debajo de las uñas de Fernando

La “selfie” tras el crimen, con blas cinalli en primer plano / web

16 de Abril de 2020 | 03:12
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Un informe pericial determinó que debajo de las uñas de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes hace casi 3 meses a la salida de un boliche en Villa Gesell, se encontró material genético de Blas Cinalli, uno de los ocho detenidos por el crimen.

En tanto, el peritaje de rastros realizado en la ropa secuestrada a los imputados horas después del homicidio del estudiante determinó que en el 70 por ciento de esas prendas de vestir había restos de sangre que pertenecían a la víctima.

La información surgió de los estudios de ADN llevados a cabo en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Junín.

En uno de los estudios realizados en el mencionado laboratorio se pudo determinar que fue hallado material genético de Cinalli (18) debajo de las uñas de Báez Sosa (18).

Cinalli, uno de los detenidos por el crimen del joven, se encuentra imputado como “partícipe necesario” del asesinato de Fernando.

Por otro lado, en el marco del expediente aun restan llevarse a cabo otros peritajes, entre ellos, los estudios psicológicos y psiquiátricos en la Asesoría Pericial de La Plata.

Otra medida a realizar es el estudio scopométrico para cotejar la impronta de una huella de una zapatilla levantada del cuerpo de la víctima con los calzados secuestrados a los imputados.

Denuncia de la defensa

En este contexto, la defensa de los diez acusados denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Ministerio Público bonaerense no les brindó el derecho a ser escuchados “con las debidas garantías”, informaron hoy fuentes judiciales.

Si bien se conoció ayer, el abogado Hugo Tomei realizó su presentación ante el organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, el pasado 8 de abril, casi una semana antes de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores rechazara una serie de planteos de la defensa de los imputados.

Justamente, en la tarde del martes, la cámara rechazó las apelaciones presentadas por el defensor respecto de la prisiones preventivas de ocho de los diez acusados -que están detenidos en la alcaidía de Melcor Romero- y confirmó a la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, al frente de la investigación.

En la denuncia ante la CIDH, el letrado aseguró que “el Estado provincial no ha cumplido con brindarles” a los acusados, “la información detallada” del delito imputado y “las pruebas en su contra”.

El abogado subrayó la presunta responsabilidad del fiscal General de Departamento Judicial de Dolores, Diego Escoda, y del fiscal de ese distrito Mario Pérez, por haber desestimado una denuncia penal suya contra Zamboni, por “privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y falsedad instrumental”.

En su escrito, Tomei indicó que en el marco de la causa iniciada en Gesell tras el homicidio de Báez Sosa (18), “a media mañana del 18 de enero de 2020, se privó de libertad” a Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (19), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20), Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19).

Señaló que se trata de “personas jóvenes sometidas a encierro carcelario” y que ocho de ellos “llevan más de 80 días en extrema situación”.

En ese sentido, denunció que “el Estado provincial, hasta el momento no ha cumplido con brindarles la información detallada de hecho atribuido y las pruebas obrantes en su contra” y “por lo tanto, ha incurrido en una categórica e intolerable violación al derecho de ser oído con las debidas garantías”.

El defensor insistió en la nulidad de las indagatorias de los imputados, en las que cada uno de ellos se negó a declarar al día siguiente del homicidio, por considerar que no fueron informados sobre la acusación ni sobre las pruebas.

Dijo que “estas audiencias formales” con cada imputado “nunca se llevaron a cabo”, lo que “determina el pleno estado de indefensión, denegación de justicia y define como ilegal la actual privación de libertad de todos ellos”.

 

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