Alberto Fernández se negó a detallar quiénes fueron sus clientes antes de asumir como Presidente

El presidente Alberto Fernández se negó a brindar información sobre su actividad profesional previo a asumir la Presidencia, tal como se lo solicitara la Oficina Anticorrupción (OA) a principio de año.

Según publica La Nación, el organismo le requirió al mandatario que detallara quiénes habían sido sus clientes en los tres años previos a la asunción como jefe de Estado, además de renunciar como titular de la firma Inmueble Calla 1960 S.A. y que pidiera licencia como profesor en la UBA.

Fernández respondió que continuaría ejerciendo la docencia en la Facultad de Derecho y se negó a brindar la información sobre a quiénes había representado o asesorado legalmente, tal como diputados de la Coalición Cívica le habían pedido a la OA, después que el propio Fernández dijera que durante la actividad privada tuvo relación con empresas del Grupo Indalo, de Cristóbal López, que podría verse beneficiado por la nueva moratoria recientemente aprobada por el Congreso.

Félix Crous, ex fiscal cercano al kirchnerismo y al frente de la OA, señaló en el dictamen con fecha 19 de febrero a través del cual hizo los requerimientos al mandatario que "corresponde requerir al Presidente que informe a esta oficina la nómina de las personas (humanas o jurídicas) a las que haya prestado servicios en los tres años anteriores a asumir la presidencia de la Nación (y la fecha del cese de tales prestaciones) que sean o hayan sido concesionarios o proveedores del Estado, o realicen actividades reguladas por este".

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Un mes después, Fernández rechazó el requerimiento argumentando que "no advierto haber incumplido normativa alguna que me obligue a exteriorizar otra información que la oportunamente suministrada", en alusión a la declaración jurada patrimonial que presentara al asumir como presidente pero en la que no se consigna la información que la OA le había solicitado a instancias de la oposición.

En el caso del Grupo Indalo, existe una factura de 2017 emitida por Fernández por "asesoramiento en materia penal" a Oil Combustibles por $435.000. Según el mandatario, esa factura fue anulada antes de cobrarla, versión coincidente con lo expresado por la otra parte.

De todos modos, en declaraciones a la prensa Fernández reconoció que asesoraba legalmente a una empresa de Cristóbal López. "Es cierto que, por el desorden administrativo que el Grupo tiene, una factura que debió haber ido a otra de las empresas del Grupo, que es cliente de la consultora mía desde hace mucho tiempo, terminó en Oil [Combustibles]", apuntó en declaraciones a la prensa.

El jefe de Estado asegura que en el caso de Inmueble Callao 1960 S.A., que comparte con la ministra de Justicia Marcela Losardo, no registra actividad comercial en los últimos diez años y que por esa razón no existe un conflicto de intereses. Sin embargo, Crous le advertía en el escrito que el artículo 92 de la Constitución Nacional indica que el ejercicio del cargo de presidente requiere "dedicación exclusiva", por lo que no podría ejercer la titularidad de una sociedad anónima.

La misma línea argumental fue la que siguió con relación al cargo de docente de la materia "Teoría General del Delito" de la Facultad de Derecho de la UBA. Sin embargo, Fernández rechazó pedir licencia por considerar que esa actividad la realiza "de manera esporádica, en la medida que las obligaciones propias de mi cargo así me lo permitieron" y agregó que entendía que resultaba importante "continuar participando en un claustro académico, lo que permite, además de transmitir conocimientos y experiencias, tomar contacto directo con las vivencias de los estudiantes, sus reflexiones, sus inquietudes y sus cuestionamientos. Todo esto representa un insumo de gran importancia para quien, como el suscripto, tiene a su cargo el gobierno de un país por mandato popular".