La Justicia platense ordenó desalojar la mega toma de terrenos en Guernica

La justicia penal de La Plata ordenó ayer el desalojo de las tierras tomadas en la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón, y estableció que el procedimiento debe realizarse en horario diurno, informó una fuente judicial.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, de acuerdo con el fallo al que tuvo acceso este medio.

En estas actuaciones, el fiscal penal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta había dado por acreditado que “desde el 21 de julio de 2020 y en una amplia franja horaria, un grupo de aproximadamente 200 personas, previo violentar los alambrados perimetrales de las propiedades que se encuentran entre las calles Brasil, Testa, Baño, Malvinas Argentinas, un arroyo como límite hacia el sur y otro arroyo como límite hacia la ruta 16, ingresaron a dichos inmuebles, por diferentes calles, a la vez que efectuaban amenazas contra vecinos y propietarios. Que dicha actividad continuó en los días siguientes, el ingreso de más personas en horarios diurnos y nocturnos, siendo que para el 26 de julio de 2020, se encontraban en el predio en cuestión la totalidad de 1776 mayores de edad, que instalaron una serie de carpas y construcciones precarias con la intención apropiarse por la fuerza de dichos terrenos”.

El fiscal le solicitó al juez Rizzo el desalojo de los presunto usurpadores, luego de reunir una serie de elementos de prueba e incluso tras una mediación encarada por la Defensoría del Pueblo, en la que no se pudo llegar a un acuerdo.

El juez hizo lugar, pero abogados particulares y defensores oficiales apelaron a la Cámara, alegando violación de garantías constitucionales, entre otros argumentos; como así también que debería declararse la inconstitucionalidad del artículo 231 bis del Código Procesal Penal bonaerense (C.P.P.), que permite, en el marco de un proceso penal por infracción al artículo 181 del Código Penal (usurpación), el desalojo de quien ocupa un bien inmueble, al entender que “no se le permite a los imputados ejercer su derecho de defensa en juicio”. Al mismo tiempo invocaron normas de tratados de Derechos Humanos y recientes pronunciamientos de organismos internacionales ante la pandemia del coronavirus.

La toma de tierras había generado una disputa entre los ocupantes y dueños de campos de la zona

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Los camaristas Raúl Dalto, Miriam Ermili y María Silvia Oyhamburu rechazaron esos planteos, confirmaron el fallo del juez Rizzo y ordenaron “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”.

La decisión establece que “el desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar por el juez de Garantías, el cual deberá ser en horario diurno, desde que salga hasta que se ponga el sol no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”.

Para la diligencia “se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública”, que deberá realizar el procedimiento “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes” y recurrir “al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”, determinó el fallo. Además, establece que “deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”.

En un meduloso voto del camarista Dalto, al que adhirieron sus colegas Ermili y Oyhamburu, se especificó que el juez Risso “deberá ordenar se proceda a la desconexión de instalaciones precarias, clandestinas e ilegales que pudieren haberse realizado en el marco de la toma de los lotes”.

La cámara estableció también que “deberá notificarse al asesor de menores e incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del COVID-19”.

La toma de las tierras, unas 15 hectáreas ubicadas en el fondo del barrio San Martín, había provocado incidentes entre los ocupantes y algunos propietarios de campos cercanos.

DENUNCIA EN OLMOS

Por otro lado, un abogado platense denunció ayer una red de inmobiliarias truchas y pidió la detención de varias personas que presuntamente estarían involucradas la usurpación y posterior venta fraudulenta de terrenos en una zona de Olmos.

En la ponencia se indica que la red denunciada posee logística que incluiría a profesionales “que hacen mapeos y rondines de seguridad para vigilar los terrenos que usurpan”.

El reclamo judicial fue hecho por el abogado platense Marcelo Peña ante el Fiscal Alvaro Garganta para que a su vez requiera el Juez de Garantías Agustín Crispo una serie de medidas judiciales que incluyen las detenciones de los presuntos miembros de la red denunciada.

Peña hizo la ponencia en representación de los propietarios de terrenos en las calles 264 entre 49 y 50 de Ángel Etcheverry. El letrado dijo a EL DIA que “son personas que actúan con inteligencia previa, verifican informes de dominio y cuentan con expertos en la materia de registración dominial, hacen mapeos, realizan rondines para controlar que los terrenos estén desocupados y luego se presentan fraudulentamente como vendedores de los lotes”.