Nosotros lo dijimos

Hace muchos años que EL DIA viene reflejando en sus crónicas y artículos editoriales el fenómeno de las usurpaciones de tierras que, por una inexplicable inacción de las sucesivas administraciones, se vienen sucediendo en nuestra zona. Y en cada oportunidad en que lo hizo, buscó adentrarse en el origen y alcances de estos episodios.

Ahora, en un verdadero estado de conmoción pública –ya con la intervención de las altas autoridades nacionales, con profusión de declaraciones y polémicas- se alude a la presencia de mafias que explotan la venta de tierras ajenas, sean predios fiscales o pertenecientes a particulares, en una situación que este diario vino señalando desde siempre, como se verá más adelante.

Se reflejó en cada uno de esos episodios el testimonio de vecinos, revelador también de la presencia de verdaderas “agencias inmobiliarias” clandestinas, que una vez concretado las tomas ofrecían lotes por las redes sociales, a precios irrisorios. Es decir, de organizaciones que vendían y siguen vendiendo bienes que no les pertenecen, sin que el Estado atinara a frenar semejante delito.

Asimismo, se habló también de que la responsabilidad de terminar con las usurpaciones no pasa exclusivamente por la Policía, sino que se trata de una acción que exige la intervención de los tres poderes del Estado.

En cuanto al papel que cumple la Justicia, este diario expresó recientemente en su artículo editorial: “Se ha dicho muchas veces –y vale repetirlo- que todos los habitantes tienen derecho a una vivienda digna, pero que es el Estado el que debe allanar ese acceso mediante los planes correspondientes. No dándole luz verde al arrebato y al vale todo, bajo ningún pretexto. Lamentablemente, como se ha expresado también en esta columna, impera una jurisprudencia de la Suprema Corte bonaerense que le ata las manos a jueces, fiscales y a la policía para enfrentar este verdadero flagelo que hoy castiga a miles de platenses” (16-8-2020).

El 31 de enero 2019 expresó el editorial de este diario: “Tal como ocurre en muchas de las otras usurpaciones, todas ellas orquestadas por grupos mafiosos que luego venden las parcelas y concretan así fuertes ganancias a costas de los propietarios particulares o del Fisco, los vecinos aseguraron que el juzgado federal actuante “está ausente” y que la Gendarmería “sólo se dedica a mirar cómo entra gente para participar de los loteos irregulares y armar luego sus casillas”.

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“La responsabilidad de terminar con las usurpaciones no pasa exclusivamente por la Policía”

También desde EL DIA se había hablado de las trabas judiciales existentes para evitar los despojos y se advertía: “Resulta inadmisible que se permitan, por omisiones o por cualquier otra causa, las usurpaciones de tierras en nuestra zona. Además de que constituyen un ataque a principios básicos de la Constitución y quebrantan el resto del cuerpo normativo, agravan las ya muy deficientes condiciones de vida de la periferia y, entre otras consecuencias, perjudican gravemente la eficiencia de las redes de servicios, a través de las múltiples conexiones clandestinas a las distintas redes que, inevitablemente, se suceden. Los distintos organismos del Estado debieran actuar con rapidez, para revertir un panorama que preocupa a la población”.

Se puede ir varios años atrás y los conceptos vertidos en este diario no difirieron. El 17 de octubre de 2015 se expresó en uno de los párrafos: “Se ha dicho siempre que tales ocupaciones -además de implicar una violación de la propiedad privada y de estar impulsadas, muchas veces, por organizaciones mafiosas que buscan su propio provecho- tienen un fuerte impacto en la calidad de vida de los vecinos de aquellos barrios en los que se instalan los intrusos y suelen generar, por ejemplo, no sólo trastornos, sino, en ocasiones, hasta un rápido colapso de los servicios esenciales”.

EL DIA nunca calló ni se mantuvo ajeno a un fenómeno de enorme repercusión

Se añadía en esa oportunidad: “Como se dijo, el Estado debe llegar con su asistencia concertada entre los tres poderes a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente. El problema habitacional es, sin duda, uno de los prioritarios. Se trata de un problema complejo -nutrido de diversas urgencias- que demanda políticas rápidas, equilibradas y justas, defendiéndose a la vez el derecho a la vivienda digna y el del respeto a la propiedad de todas las personas, pues ambos se encuentran tutelados por la sabia letra de la Constitución”.

Este diario lo dijo. Nunca calló ni se mantuvo ajeno a un fenómeno social, de enorme repercusión, del cual depende en buena medida la calidad de vida de la población. Y hay que volver a decirlo: es el Estado el que tiene las herramientas para resolver el problema. La primera de ellas, el respeto a lo que dice la Constitución.