Las fuerzas nacionales de seguridad cuentan, desde 2013, con un protocolo de intervención para preservar la integridad de las personas con padecimientos de salud mental o consumo problemático de sustancias ante una situación de emergencia que puedan conllevar riesgo para sí o para otras personas. Entre sus principios generales, las pautas de intervención establecen:

- La obligación (...) de tratar a las personas que se encuentran en la situación de riesgo con absoluto respeto de sus derechos y garantías constitucionales.

- La finalidad (...) es preservar la seguridad de esas personas, como también facilitar las condiciones para la correcta intervención de los servicios de salud y sociales, asegurando el contacto con algún familiar o allegado.

- La atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones de urgencia, particularmente cuando la evaluación inicial permite sospechar que se está frente a un riesgo inminente para sí o para terceros por intoxicación o abstinencia de sustancias, o bien la presencia de otros padecimientos físicos o mentales.

A los efectivos de seguridad les ordena “priorizar las técnicas disuasivas y preventivas” de abordaje.