Presuntas coimas en la Segunda: muchos pagos se habrían hecho en la comisaría

La situación procesal de los tres policías que fueron aprehendidos el jueves en la comisaría Segunda -donde trabajaban- se complicó en las últimas horas con el pedido formal de detención que hizo el fiscal que instruye la causa, Martín Almirón (UFI 8), imputándoles el delito de “extorsión”, informaron fuentes judiciales. El planteo deberá ahora resolverlo el juez de Garantías Agustín Crispo. Si lo respalda, los acusados serían indagados hoy mismo.

Como este diario informó ayer de manera exclusiva, la celada que terminó con los tres uniformados esposados ocurrió el jueves a la tarde, como consecuencia de una denuncia que había formulado un día antes el máximo responsable de un emprendimiento de seguridad en La Plata.

Según denunció este empresario ante la fiscalía a cargo de Almirón, desde hace aproximadamente cuatro meses algunos policías que se presentaron como jefes y subjefes de calle de la comisaría Segunda le exigían el pago semanal de una suma de dinero para permitirle trabajar “sin problemas”.

¿Por qué razón podía tenerlos? Según confiaron los investigadores, el hombre todavía no había concluido con los trámites de habilitación y eso lo ponía en una situación de vulnerabilidad que, no obstante, no le impedía cumplir con sus tareas en cinco locales comerciales.

En uno de ellos (un supermercado de diagonal 80 y 43 en el que hace poco más de un año delincuentes casi degollaron al dueño con el pico de una botella), se habrían presentado estos policías para citarlo a una reunión en la comisaría Segunda, que funciona en 38 entre 8 y Plaza Olazábal.

En su denuncia, el empresario expuso que fue en este encuentro que alguien que se identificó como jefe de calle le exigió la entrega de una suma fija de dinero por cada local para el que trabajaba, que debía pagar todos los lunes como condición “para no labrarle un acta por infracción”.

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10.000 pesos semanales

Según fuentes oficiales, el empresario habría acordado la entrega de 10.000 pesos semanales, que al parecer se efectivizaba en uno de los supermercados o “directamente en la comisaría Segunda”, siempre en efectivo.

Trascendió también que habría al menos una transferencia a la cuenta bancaria de uno de los imputados, lo cual lo comprometería más allá de cualquier testimonio.

El denunciante explicó ante la justicia que decidió acceder al reclamo para no poner en riesgo su emprendimiento y la fuente de trabajo de su personal en estos momentos de crisis económica, como argumentó también que decidió cortarla de raíz “cuando las intimidaciones se ponían cada vez más extremas y a él se le complicaba reunir las sumas que le pedían”, amplió un pesquisa.

Acorralado por estas circunstancias, el hombre llegó hasta el despacho de la fiscalía en turno. Al parecer, le habían dado un ultimátum: “Querían 18 mil pesos antes del viernes; lo estaban apurando”, explicó la misma fuente. Y los investigadores decidieron sacar provecho de eso. El fiscal Almirón y los auditores de Asuntos Internos resolvieron montar una entrega controlada de dinero marcado, para lo cual el empresario acordó una cita con los policías en la sede de la Segunda. Les dijo que tenía la plata y que pasaría a dárselas después de las 3 de la tarde del jueves. Al parecer, ninguno de los implicados sospechó.

Lo recibieron en una oficina del fondo de la planta baja, donde el denunciante entregó el dinero marcado previamente y se retiró. Minutos después irrumpieron los funcionarios de la UFI 8 y personal de la Auditoría General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad, que habían estado monitoreando la maniobra desde la calle, de manera encubierta.

“perrito”

Los investigadores identificaron a los policías señalados y, con el consentimiento de ellos, los requisaron y revisaron sus vehículos.

En uno de ellos encontraron los billetes que acababa de entregar el empresario (según comprobaron por los números de serie previamente registrados), confirmaron fuentes del caso.

En ese mismo auto, pero en el baúl, hallaron envuelto en plástico un revólver calibre 38 del que su dueño no pudo aportar la documentación legal.

En la jerga policial se conoce a estas armas con el nombre de “perro” o “perrito”, usualmente utilizadas para “salir del paso” ante cualquier complicación, echando mano a maniobras claramente ilegales.

En el procedimiento se secuestraron, además, los teléfonos celulares de los mencionados.

Por su condición de aprehendidos, este diario por ahora no revelará las identidades de los policías que se encuentran bajo sospecha, dos de los cuales son primos y comparten apellido. El fiscal pidió la detención de los tres por el delito de “extorsión”, que contempla una pena de entre 5 y 10 años de prisión, solicitud que deberá resolver el juez Crispo.

Mientras tanto, se investiga si hubo otros policías de esa misma seccional que participaron de la maniobra o por lo menos estaban al tanto de la misma, en virtud de los dichos de algunos testigos, trascendió de fuentes distintas. En estas horas también se resolverá cómo sigue la situación de los imputados dentro de la fuerza, aunque lo más probable es que ya estén afuera.

Todo habría comenzado hace 4 meses, cuando el empresario fue citado a la Segunda

En la celada encubierta, el denunciante entregó 18 mil pesos en billetes marcados