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EUGENIO MARÍ (*)
El presidente Alberto Fernández anunció que, finalmente, el país alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien restan rubricar los documentos técnicos y la aprobación oficial, esto permite despejar el panorama financiero argentino, por lo menos en el corto plazo. La reacción positiva de los mercados no se hizo esperar, con los dólares no regulados cayendo más de 3% y el blue bajando 4,5%.
Según lo presentado, en el marco del nuevo acuerdo el FMI financiará unos US$ 44.500 millones, es decir el monto de los desembolsos que tuvo Argentina dado el programa stand-by de 2018. Esto permitirá hacer frente a los vencimientos de deuda con el organismo hasta 2024 según lo estipulado en dicho acuerdo.
Viendo los compromisos asumidos podemos decir que el entendimiento alcanzado es “suave”. Se establece un sendero de reducción del déficit fiscal primario gradual, que pasará al 2,5% este año, luego al 1,9% en 2023 y finalmente al 0,9% en 2024. En otras palabras, el grueso del ajuste quedará para el próximo gobierno.
La contracara de la gradualidad fiscal es que el Banco Central deberá seguir financiando al Tesoro, pero de manera decreciente. En 2021 la asistencia monetaria llegó a 3,7% del PBI, según información del Ministerio de Economía. En 2022 deberá llegar a 1,0%, en 2023 a 0,6% y en 2024 a 0%. A partir de ese año, se debería converger a una situación macroeconómica que no exija financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro.
Si se consigue esta meta, permitiría realizar una lucha contra la inflación creíble. En el mientras tanto, se anunció que se utilizarán los acuerdos de precios para alinear expectativas. Seguirán precios cuidados y probablemente habrá una intervención para que las paritarias sean un ancla nominal a la suba de precios.
En lo cambiario, con los vencimientos en moneda extranjera cubiertos y/o pospuestos hasta 2023, es probable que haya una mayor calma. Ya se explicitó que se mantendrá el esquema actual: cepo y devaluación del dólar oficial a un ritmo controlado. También se explicó que se busca aumentar las exportaciones y acumular reservas, pero con derechos de exportación, sequía y precios internacionales probablemente a la baja, es difícil pensar que las exportaciones suban. Sí podrá haber cierta acumulación de reservas por el incremento en la demanda de dinero dada la menor incertidumbre, por lo menos de manera transitoria.
Pero, aunque el escenario de corto plazo se muestra más claro, no se anunciaron medidas que lleven tranquilidad para el mediano y largo plazo. Se explicitó que no habrá reformas estructurales: ni laboral, ni impositiva, ni previsional, ni monetaria. Aún menos de integración al mundo. Si bien el gobierno ha presentado en el Congreso varias iniciativas de promoción económica (agroindustrial, hidrocarburífera, automotriz, entre otras) que se tratarán en las sesiones extraordinarias, ninguna es un sustituto satisfactorio de las reformas estructurales.
En consecuencia, los motores del crecimiento argentino tienen combustible solo para un tiempo acotado. Sin reformas no hay motivos para que inversión y la innovación, verdaderos propulsores del crecimiento, se incrementen en los próximos años. Dicho esto, el techo para la producción nacional en términos agregados está fijo.
Con esto queremos decir que lo que se ha hecho es trasladar la incertidumbre hacia adelante. Si la economía no crece de manera sostenible entonces será imposible hacer frente a los vencimientos de deuda futura, más aún si las condiciones internacionales se deterioran (suba de tasas y baja de precios de las commodities).
El acuerdo nos permite un alivio financiero inmediato, pero para poder alcanzar el potencial argentino debemos encarar los problemas de fondo que frenan el crecimiento y el empleo desde hace una década. De lo contrario, en pocos años viviremos un escenario muy similar al de los últimos meses.
(*) Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso
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