Una condena que le llegó a la Vice ejerciendo el poder

Existe una primera dimensión disruptiva de la condena a seis años de prisión que ayer recibió Cristina Kirchner: la Justicia juzgó y condenó a la dirigente política más poderosa del país cuando ejerce plenamente ese poder. Es más, tiene más peso real que el propio Presidente. Y encima, como para refutar el histórico comportamiento acomodaticio de la corporación judicial, ahora no gobierna el macrismo, gobierna el kirchnerismo. ¿Imaginaba otro destino cuando asumió el cargo actual? Acaso eso explique el enojo, el desencaje, que mostró la vice cuando se explayó durante una hora en sus redes sociales, apenas el Tribunal terminó de leer la sentencia.

Ser la arquitecta de la conformación del gobierno en ejercicio no le sirvió a Cristina para frenar el desenlace que la emparenta, por ejemplo, al fallecido Carlos Menem en ese pequeño pelotón maldito de ex mandatarios condenados por corrupción. Parte del insumo de la historia.

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Según el Tribunal que la juzgó, Cristina es culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado -por muchos millones de dólares- por favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas para Santa Cruz, el lugar en el mundo de la vicepresidenta. Además, la inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos. Pero fue absuelta por la acusación de asociación ilícita, un pequeño triunfo para su defensa.

Aún cuando pasará mucho tiempo, probablemente años, para que la condena quede firme, la condición de “condenada” de Cristina supone un notable peso inicial para su fuerza política en el proceso electoral que se avecina y una enorme ventaja para la oposición, que seguramente usará el veredicto por corrupción como un material de campaña demoledor contra el oficialismo.

Por eso, porque la vicepresidente es una líderesa que ha demostrado estar siempre un paso adelante de su dirigidos, es que ayer cerró su colérica réplica al veredicto condenatorio con el anuncio de que en 2023 no será candidata a nada. Ni a presidente, ni a vice ni a senadora nacional, ésta última la especulación que más sonaba en el Frente de Todos. Restan unos seis meses, cuando deban cerrarse las listas para presentar en las Primarias Abiertas, para comprobar si mantiene esa promesa.

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“Cuando termine mi mandato de vicepresidenta me voy a quedar sin fueros; métanme presa si quieren”, dijo Cristina, palabras más, palabras menos. Una vez más, la vicepresidenta parece proyectarse a si misma en el espejo de Lula da Silva, el ex mandatario de Brasil que estuvo detenido por supuesta corrupción. Pero que luego fue liberado por cuestionamientos contra el proceso judicial que lo recluyó y, como se sabe, finalmente fue candidato otra vez, ganó las elecciones y asumirá por tercera vez la presidencia del vecino país en algunas semanas. Esa épica de la reivindicación, no es un secreto, es la que añora el kirchnerismo para su jefe máxima.

Aunque no figure en las boletas del próximo turno electoral, Cristina no resignará su rol de gran armadora del esquema proselitista con el que se presentará el justicialismo, algo para lo que viene trabajando desde hace meses. Insistirá en ser dueña de la lapicera, aún cuando se exponga menos.

¿Habrá fidelidad?

Es muy probable, como ha venido pasando en la previa de la sentencia, que arrastre a todo el peronismo al ejercicio de defenderla, desconocer el fallo como legítimo y situarla en el lugar de una perseguida política. Hablamos, sobre todo, de gobernadores, intendentes del Conurbano, movimientos sociales. ¿Seguirán mostrando esa fidelidad frente a esta nueva realidad procesal de la vicepresidenta? ¿Pueden abrirse dudas, cuestionamientos, ante la inevitabilidad de que la condena impregne la campaña que se viene? ¿Se aproxima un fenómeno notable de abroquelamiento alrededor de su golpeada figura o asomará el reflejo político de la dispersión? Por ahora, dudas.

Es su respuesta al fallo, Cristina casi no se refirió a los cargos por los que la condenaron. Una vez más, apeló a esconder esos hechos -que aún pueden ser rechazados por un tribunal de alzada- en una enorme nebulosa de cuestionamientos al Poder Judicial en general, con estructuras semánticas grandilocuentes que aparentemente buscan opacar o diluir en el imaginario colectivo, o en la audiencia que la escucha, la grave entidad de los sucesos por los que fue juzgada.

Así, enemigos como el “Lawfare”, el “Partido Judicial”, las “Mafias Judiciales” o inclusive la existencia de un supuesto “Estado paralelo” pasan a ser los verdugos que, más que la condena a prisión, persiguen la segunda pena que ha caído sobre ella: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. O sea, que la gente no pueda volver a votarla. Y, según esa lógica, eso sería así porque “con el apellido Kirchner en la boleta ya se ganó cuatro veces”.

Para explicar el razonamiento anterior, en definitiva su defensa política, Cristina usó unos 45 minutos de su irrupción en las redes para leer los ya famosos chats de Telegram obtenidos ilegalmente, en lo que fue una clara intervención de los servicios de inteligencia estatales, de un grupo que integran jueces, directivos del Grupo Clarín, un funcionario de Rodríguez Larreta y otros personajes, que viajaron a Bariloche aparentemente financiados por el conglomerado de medios que pertenece a Telecom.

En lo que fue la segunda consagración del aval oficial a un mecanismo ilegal (la primera fue el lunes por parte de Alberto Fernández, en un lamentable ejercicio de seguidismo), Cristina leyó en cámara cada uno de los escandalosos diálogos de los viajantes. Que por supuesto dio como verídicos y que ilustran cómo quisieron ocultar en los medios que la travesía de placer existió porque, al menos para los jueces implicados, los compromete muy severamente desde lo moral y lo ético. Algo que, por cierto, merecería alguna reacción decorosa de los mismos. Pero esa es harina de otro costal.

Cristina buscó así que ese episodio turbio, que a la postre no podrá ser usado como prueba judicial porque su origen está viciado, derrame su toxicidad sobre los tres jueces que integran el tribunal que la juzgó y los fiscales que la acusaron, que nada tienen que ver con el asunto.

O sea, se trató de demoler todo el sistema que la juzga -hay más causas abiertas- para deslegitimar la condena que le impusieron ayer. Y lo hizo desde un sitial que supone que su grupo político, aquel que se hizo del poder en 2003 y aún sigue gobernando, es un actor impoluto, que nunca intentó influir en la Justicia. Hay un amplio archivo que desmiente este supuesto.

Cristina usó unos 45 minutos de su irrupción en las redes para leer los ya famosos chats

La condición de “condenada” supone un peso para su fuerza política de cara a las elecciones