Cristina, condenada: seis años de prisión por corrupción

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción durante su presidencia entre 2007 y 2015, según el tribunal que la juzgó junto a otros 12 imputados.

El fallo judicial tiene un fuerte impacto ya que es la primera vez que un vicepresidente en nuestro país es condenado estando en funciones. Sin embargo, no conlleva su arresto inmediato, por sus fueros y porque la sentencia puede ser apelada ante distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.

La pena es bastante menor a la solicitada por la Fiscalía, 12 años, que ta anunció que apelará el fallo, al igual que la defensa de la expresidenta que lo rechaza. Cristina lo atribuyó a una “mafia paraestatal”, que asegura que la quiere “presa o muerta” (ver pág. 6).

Al cabo de un juicio que desde mayo de 2019 ha tenido en vilo al país, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la expresidenta a la pena de 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos en relación a la concesión de obras viales.

Los jueces, sin embargo, la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita por los que también la acusaba la Fiscalía.

En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

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Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso diversas penas de prisión a Báez y a siete exfuncionarios públicos, pero absolvió a otros cuatro acusados, entre ellos a Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015.

“VÍNCULOS PROMISCUOS Y CORRUPTOS”

El tribunal, que difundirá los fundamentos de su fallo el 9 de marzo próximo, dijo en un comunicado que tiene la “certeza” de que entre 2003 y 2015 “tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración pública nacional” mediante licitaciones de obras viales en Santa Cruz que “fueron sistemáticamente adjudicadas” a empresas vinculadas a Báez.

Los jueces afirmaron que existieron “vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la Administración pública, nacional y provincial, y las empresas” de Báez.

Esos “lazos”, indicaron, “fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)”.

Respecto a la absolución por asociación ilícita, alegaron que “no se encuentra configurado el requisito típico objetivo vinculado a la pluralidad de planes delictivos”.

El tribunal ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).

Este es el primer juicio oral y el primer pedido de condena en su contra. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas. En la actualidad, un tribunal superior analiza si reabre una causa en la que la vicepresidenta y sus hijos fueron sobreseídos (la de los hoteles) sin que se llevara a cabo un juicio oral y público por la acusación de lavado de dinero.

LA ARGUMENTACIÓN DE LOS FISCALES

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron que la empresa de Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones de obras públicas y que cuando concluyó el mandato de Cristina desapareció. También afirmaron que varios proyectos viales registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron. En una de las audiencias del juicio Luciani sostuvo que “estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”

Cristina negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio y de actuar como un “pelotón de fusilamiento’’.

Afirmó que las imputaciones no tenían sustento jurídico y se basaban en mentiras.

El tribunal juzgó a 13 acusados, incluidos la vicepresidenta , Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y otras personas que ocuparon cargos durante su gobierno y el de su Néstor Kirchner.

Cristina no podrá ir presa, porque puede apelar la sentencia ante distintas instancias judiciales en un proceso que llegaría hasta la Corte Suprema, que tiene la última palabra, y que podría demorarse años. Por otro lado, como vicepresidenta -cargo para el cual fue elegida hasta diciembre de 2023- Fernández tiene fueros que le otorgan inmunidad de arresto.

Pese a la condena la ley le permite competir por la presidencia o cualquier otro cargo electivo, como por ejemplo un escaño en el Congreso, a cualquier condenado siempre y cuando la Corte Suprema no haya confirmado la sentencia.

Sin embargo, ayer dijo que “no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta’’.

Los jueces, sin embargo, la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita

La Vice no puede ir presa por sus fueros y hasta que no tenga una sentencia firme