Los tiempos de la Justicia: la trama del femicidio de Johana Ramallo

Tuvieron que pasar cinco años, cuatro jueces y tres fiscales, para que la causa que investiga la desaparición seguida de muerte de Johana Ramallo pueda tener al fin un imputado.

Pero el detenido el pasado miércoles 29 de junio no fue una persona más. A pesar de que el sujeto no está sospechado de ser el autor material del crimen, al menos no hasta ahora, se presume que fue nada más y nada menos que su proxeneta en la denominada “zona roja”.

Para la Justicia, Carlos Omar Rodríguez, más conocido como “El Cabezón”, aprovechaba la situación de vulnerabilidad de Johana y de las demás chicas, les brindaba cocaína y las ofrecías a clientes. Por eso se le imputan los delitos de explotación sexual, facilitación de la prostitución y comercio y suministro de drogas, en una causa que tiene más de 50 cuerpos en la actualidad. El “taxista” de 54 años se negó a declarar y permanecerá detenido.

Cronología de un final inesperado

Fue un largo camino el que tuvo transitar su madre, Marta Ramallo, para poder encontrar algo de justicia después de ver a su hija dentro de una urna.

La cronología del hecho que socavó lo más profundo de la intimidad de la familia Ramallo comenzó el 26 de julio de 2017, a las 17, cuando Johana salió de la casa de su madre, tras decirle que volvería “entre las 20.30 y las 21”, pero nunca regresó.

Al día siguiente, Marta radicó la denuncia por su desaparición en la Comisaría de Villa Ponsati, donde dudaron de su palabra y hasta le dijeron que seguramente “se debe haber ido con algún macho”.

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Convencida de que su hija no se había fugado por su propia voluntad, la mujer también la hizo en la sede de la DDI de 1 y 60. A partir de allí, la investigación quedó caratulada como “averiguación de paradero”, a cargo de la fiscal Betina Lacki, y de la jueza Marcela Garmendia.

La última imagen de Johana fue tomada por la cámara de una estación de servicio de 1 y 63.

Esos meses fueron duros para Marta, porque las autoridades no le creían y la cuestionaban. Sin embargo, ella no bajó los brazos y siguió insistiendo con que la desaparición de su hija estaba relacionada con una red de trata.

El peor desenlace

Tras una intensa búsqueda, en agosto de 2018 las pesquisas hallaron restos humanos en la zona de Palo Blanco, en la ciudad de Berisso. Pero los peritos de Huella Genética de la Universidad de Buenos Aires se dieron a conocer los resultados recién en mayo del 2019.

“Los restos encontrados el año pasado son y pertenecen a Johana”, dijo su madre, entre lágrimas, confirmando las peores sospechas.

Unos meses antes del hallazgo, ante la presión mediática y la intervención de organismos políticos, feministas y de derechos humanos, la causa cambió la calificación al delito de “desaparición por red de trata”, y pasó a manos del Juzgado Federal Nº 1 de La Plata que en ese momento estaba a cargo del juez subrogante Ernesto Kreplak; luego asumió Adolfo Ziulu. Hasta que en febrero del 2021, juró como juez Alejo Ramos Padilla.

En diálogo con EL DIA, la abogada Silvina Perugino, actual directora provincial de Casos Críticos y de Alto Riesgo del Ministerio de Mujeres, quien también formó parte de la querella junto a las letradas Valeria Monetta y Mariana Inés Lopisi, cree que el tratamiento con perspectiva de género fue una decisión política que potenció la hipótesis de que a Johana la había desaparecido y asesinado la red de trata. Incluso, fue Ramos Padilla el que decidió convocar a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia (UFEM).

“En este transitar, desde 2017 hasta hoy, el caso fue variando. En una primera instancia, no tuvimos un tratamiento acorde a la situación. Estábamos muy disconformes. Por eso pedimos llevar la causa a sede federal. Sabíamos bien que Johana no se había ido por su voluntad. Eso no fue tenido en cuenta”, expresó. “Pero después entendieron que la hipótesis planteada tenia fundamento”, resaltó Perugino y remarcó que “durante el tiempo en que el Juzgado Nº 1 estaba subrogado, la causa no se detuvo, pero tampoco avanzaba en decisiones claves”.

En es te contexto, la propia madre de la víctima había sindicado al caficio de la “zona roja” mucho tiempo antes de su detención. Cuando Marta se enteró de que el hombre que había mencionado (el cual declaró en la causa pero no como imputado) había sido arrestado, se mostró satisfecha. “Yo se lo prometí a mi hija, le dije que encontraría a quien le hizo eso. Se lo debía a ella y a mi nieta. La justicia tarda, pero llega”, sostuvo.

Marta recibió la noticia acompañada, tranquila y expectante. Fueron muchos años de sufrimiento y dolor. No solo por la búsqueda, en su momento con casi de nula respuesta, sino que después terminó con un final inesperado.

Cinco años tuvieron que pasar para que al fin se detuviera a la persona que, según la madre de Johana, “regentea toda la zona roja de La Plata”. En ese sentido, perugino expresó que “se perdió un tiempo vital para Johana. Primero con su desaparición, ya que no es lo mismo buscar una persona que estaba perdida, y otra que es víctima de un delito. Después porque se sabía que ella había sido explotada sexualmente y muchos de los funcionarios de la Justicia nos recibían de forma reticente. Ahora esperamos saber qué pasó, que se vaya a fondo con la investigación”.

“También es importante resaltar que hay muchas personas que podrían atestiguar en la causa, pero no lo hacen por distintos motivos. La sociedad repudia constantemente los femicidios, la violencia de género, levantan la bandera del Ni Una Menos, pero cuando hay que sentarse a declarar, no están”, recalcó, y solicitó que “aquellas personas que quieran hablar, se les va a reservar su identidad. Es importante que lo hagan para poder avanzar con la investigación”.

Vale recordar que el Estado paga actualmente una recompensa de 500 mil pesos para quienes aporten datos fehacientes, pero desde la querella se requirió que ese monto se aumente “al máximo posible”.