Echan a la funcionaria que avaló el conflicto mapuche

Su gestión convivió con la polémica desde el momento en que salió a apoyar el conflicto mapuche en la Patagonia, pese al reclamo de fuerzas políticas del propio oficialismo y pobladores de la zona de Villa Mascardi. Pero finalmente ayer, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Magdalena Odarda, la titular del Instituto de Asuntos Indígenas.

Odarda venía siendo duramente apuntada por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por su respaldo a los mapuches en medio de diversos hechos de violencia, tomas y amedrenatamientos a población civil. La decisión del Presidente no se agotaría en la figura de la ex senadora nacional, ya que también se iría Luis Pilquiman, tío de Lucas Pilquiman, el famoso testigo E del caso Maldonado.

Pilquiman también estaba en la mira de las autoridades políticas de Río Negro, que lo responsabilizan de haber llevado personas a la toma de Villa Mascardi donde un grupo de mapuches ocupa tierras desde 2017. Es el mismo lugar en el que murió el joven Rafael Nahuel en un enfrentamiento que investiga la Justicia.

Odarda venía expresando su respaldo a las protestas mapuches y sostenía que se trataba de “un pueblo pacífico que siempre dialogó”.

La ahora ex funcionaria sostuvo que su salida “está motivada por mi salud, que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior en pos de la búsqueda de la austeridad que ha caracterizado a nuestra gestión”.

Odarda fue senadora nacional por la provincia de Río Negro, hasta 2019. Representó a la fuerza política provincial RIO y supo ser candidata a vicegobernadora en aquella provincia en la fórmula que encabezó Martín Soria, quien actualmente es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Odarda se desempeñaba bajo su ala. “El ministro agradece a Magdalena Odarda por la labor desempeñada”, se lee al pie del comunicado de presidencia que hizo oficial su salida.

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El enfrentamiento con la gobernadora de Río Negro había alcanzado un punto de no retorno. “Creemos que no logran defender adecuadamente los intereses de los pueblos originarios en Río Negro porque no distinguen los grupos que violan la ley de las comunidades pacíficas que existen”, supo señalar a fines del año pasado la mandataria provincial en relación al rol del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

CRITICAS

Carreras supo expresar una postura muy similar incluso poco tiempo después del inicio de la gestión de Odarda, cuando dijo a mediados de agosto de 2020 -en una entrevista con radio El Cordillerano- que el INAI “debería pronunciarse de otra manera, debería poder distinguir a la gente pacífica que también tiene sus reclamos de un grupo de inadaptados violentos” en el marco del conflicto mapuche.

Hace unos días Río Negro le solicitó al Gobierno nacional la colaboración de fuerzas federales. Betiana Minor, titular de la cartera de Seguridad y Justicia rionegrina, envió una nota al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, solicitando el envío de efectivos federales para custodiar el predio y evitar la intromisión de personas ajenas al lugar en el que se incendió una caballa en la localidad de Villa Mascardi.

Integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que se encuentra asentada a un terreno de por medio con respecto al recientemente atacado, avanzaron con la usurpación inicial e incluso aún permanecen instalados allí. De hecho, al menos doce viviendas ya fueron incendiadas en la misma villa turística.

desalojos

Odarda se mostraba contraria a los desalojos. “La respuesta al reclamo territorial no puede hacerse con palos y balas”, dijo, al apuntar a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “No aplicaremos la misma política represiva que provocó las muertes de Rafa Nahuel y Santiago Maldonado”, había dicho.

El desplazamiento de la funcionaria se produce en medio del recrudecimiento de hechos violentos en la Patagonia. De acuerdo a algunas estadísticas que circularon en las últimas horas, tomando las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, se han registrado unos 100 ataques vinculados a personas radicalizadas que sostienen ser mapuches o pertenecer a pueblos originarios.