La fiscalía pediría al menos 10 años de prisión para Cristina Kirchner

El fiscal federal, Diego Luciani, podría pedir hoy que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión de cumplimiento efectivo de entre 10 y 12 años de prisión, según estiman fuentes judiciales, mientras otros llevan esa cifra hasta los 16 años de cárcel. Lo que nadie duda es que el representante del Ministerio Público reclamará una pena “muy dura”, en el que será su alegato final contra la exmandataria en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en favor del empresario Lázaro Báez. Una vez concluida esta etapa, será el turno de las defensas, según está previsto en el cronograma de audiencias dispuesto por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que arrancaron esta mañana, cerca de las 9.

Además del pedido de condena de cumplimiento efectivo, el fiscal prevé pedir la inhabilitación perpetua de la exmandataria para el ejercicio de cargos públicos y el decomiso de los bienes hasta una suma todavía no precisada.

Si el tribunal finalmente decide condenar a Cristina Kirchner (en un veredicto que se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme. Esto es, una vez que sea revisado por la Corte, algo que suele demorar años. Lo mismo ocurriría con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no sería impedimento para postularse en las elecciones 2023.

Luciani, junto a su colega Sergio Mola, le imputan a Cristina Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta.

A lo largo de su alegato, los fiscales sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.

Por los delitos que se le imputan a la Vicepresidenta, las penas que puede pedir el fiscal van de los 5 a los 16 años de prisión. Si hay agravantes y casi ningún atenuante la pena podría acercarse al máximo permitido de 16 años; con atenuantes, la condena solicitada podría bajar considerablemente.

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Un atenuante puede ser la falta de antecedentes penales. En el caso de Cristina, si bien tiene varias causas abiertas, no pesa sobre ella ninguna condena y ese puede ser un atenuante importante.

No obstante, los agravantes podrían ser varios: la naturaleza del delito, el peso del daño al patrimonio público y que lo habría cometido desde la presidencia de la Nación.

Entra en juego además la valoración personal del fiscal Luciani, que tiene fama de duro en sus pedidos de condenas.

Además de la Vicepresidencia, entre los imputados están el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.

De Vido, López y Periotti fueron acusados de ser los supuestos organizadores de la mencionada asociación ilícita para beneficiar a empresas de Báez en perjuicio del Estado.

Sobre Carlos Kirchner, la fiscalía sostuvo que “no hay pruebas sobre algún aporte o participación” en la supuesta asociación ilícita, por lo que dijo que no lo iba a acusar por ese delito, aunque podría acusarlo como partícipe del fraude al Estado.

Entre los imputados también está el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

Una vez concluido el alegato de la parte acusadora, será el turno de las defensas. Algo que no ocurrirá esta semana: tras la exposición de los fiscales, el tribunal dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados terminen de pulir sus ponencias.