El proyecto de emergencia pública de Milei plantea un “terremoto legal”

Juan Verano

Columnista de EFE

El proyecto de ley de emergencia que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación afectará a casi todos los ámbitos de la economía, la política y la sociedad, y permitirá que se deleguen facultades legislativas en el Poder Ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia múltiple.

La llamada ley de “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” llega una semana después del polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU) que sancionó el presidente ultraliberal y que entrará en vigor mañana.

De aprobar el proyecto, los legisladores del Congreso permitirán que el Ejecutivo declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2025. La emergencia podrá prorrogarse por dos años. En total, el Gobierno propone una ley que reformará, eliminará o añadirá 664 artículos legales.

Reforma del sistema electoral y del código Penal

Milei pretende sustituir el actual sistema de elección de diputados, que se reparten proporcionalmente mediante el sistema D'Hont, por un sistema de circunscripciones o distritos uninominales como el que funciona en Estados Unidos o Reino Unido. Además, el proyecto contempla la eliminación de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y la implementación de la boleta electoral única.

El proyecto también propone una reforma del Código Penal para elevar las penas a quienes “sin crear una situación de peligro común impidieren estorbaren o entorpecieren el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”, que podrán ser sancionados con entre uno y tres años y medio de cárcel. Quienes convoquen a más de tres personas y organicen una “reunión o manifestación” de este tipo podrán ser condenados a entre tres y seis años de prisión.

Privatización de empresas públicas y retenciones

Según el proyecto de ley, el Gobierno podrá privatizar hasta 41 empresas estatales con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica.

Entre las empresas públicas sujetas a esta privatización que figuran en un anexo al proyecto están: Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, la petrolera YPF, los ferrocarriles, la agencia de noticias Télam, la Casa de la Moneda o Nucleoeléctrica Argentina.

El texto del proyecto también establece que los productos agrícolas que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15 %, lo que se traduce en una subida de las retenciones aplicadas a la actividad agropecuaria.

El proyecto también blindará el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la práctica desregulación de la economía argentina, firmada el miércoles por Milei.

El decreto 70/2023 entrará en vigor mañana y ya se enfrenta a varias denuncias en los tribunales y no tiene garantizado el apoyo de los legisladores de las cámaras.

Cambios en la legítima defensa

En materia de seguridad, el proyecto amplía los supuestos en los que se podrá aplicar la figura de la legítima defensa.

El proyecto defenderá que “el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

Si el DNU de la semana pasada inició la desregulación de la economía argentina, con el nuevo y masivo proyecto de ley, el Gobierno de Milei pretende desregular otros mercados como el energético o el azucarero.

“El proyecto permitirá que se deleguen facultades legislativas en el Poder Ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia múltiple”