La jueza que no quieren jubilar, sigue pero no firmará sentencias

Después de un acuerdo de la Cámara Federal de Casación Penal, la jueza Ana María Figueroa anunció que cesará en sus funciones como magistrada a la espera de que el Senado resuelva si renueva o no su acuerdo por cinco años más.

Hoy la jueza cumple 75 años, edad tope que estipula la Constitución Nacional para ejercer el cargo. Luego, debe jubilarse. En la Cámara Alta debe aprobarse el pliego para su prorroga, algo perfectamente legal pero que requiere de una votación que hasta ahora no pudo realizarse porque la vicepresidenta Cristina Kirchner no logró conseguir el quórum necesario para sesionar.

Figueroa fue hasta ayer la presidenta de Casación, máximo instancia penal antes de la Corte Suprema. Integraba la Sala I de dicho tribunal. Durante una reunión de acuerdo convocada ayer informó su decisión de no firmar más fallos ni seguir ejerciendo la presidencia a sus colegas Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone y Gustavo Hornos. Se lo aceptaron por unanimidad.

La magistrada, que la vinculan al kirchnerismo, considera que el trámite parlamentario para lograr su continuidad no ha finalizado. Por eso no renuncia al cargo pero sí se aparta hasta que se realice la sesión en el Senado. Junto con su pliego, el cuerpo tiene en trámite 74 propuestas para otros tantos nuevos jueces. La mayoría de ellos serían cercanos -o al menos bien vistos- por el kirchnerismo.

Ahora, el juez Borinsky, actual vicepresidente de la Cámara de Casación, asumirá la presidencia del tribunal.

En la reunión de ayer, Figueroa anunció que sus votos en diversas causas “iban a quedar a resguardo de la secretaría” de la Sala I, integrada además por los jueces Petrone y Diego Barroetaveña. Entre esas causas sobresalen “Hotesur-Los Sauces” y el “Pacto con Irán”. En ambas, está involucrada la vicepresidenta Kirchner: debe decidirse si enfrentará juicios orales en los dos casos, que fueron desestimados en las instancias inferiores.

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Una causa clave

La Sala I, en efecto, debe pronunciarse sobre los expedientes en los que se investigaron a las empresas de la familia Kirchner (Hotesur, una firma hotelera, y Los Sauces, una inmobiliaria) por lavado de activos. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), en una decisión sin antecedentes en la historia judicial argentina, el año pasado sobreseyó a Cristina, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a los demás imputados, antes de que se realizara el juicio oral. Así, la Cámara debe decidir si el sobreseimiento fue concedido correctamente o si los imputados deben comparecer ante un tribunal como cualquier mortal.

Similar es lo que pasa en el caso conocido como Pacto con Irán, iniciado con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral, acusada del delito de encubrimiento agravado del atentado de la AMIA tras la firma del Memorándum de Entendimiento con ese país. La Sala I también debe resolver si el juicio oral se hace o no porque fue volteado por jueces inferiores.

La jueza Ana María Figueroa ya emitió sus votos en estos expedientes. Por eso quedarán “en custodia”, sin hacerse públicos. La discusión interna es, en todo caso, si las resoluciones pueden sacarse con el estatus que tiene ahora Figueroa -de suspenso, digamos- o hay que esperar a que el Senado se expida sobre su continuidad o no.