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La querella de uno de los denunciantes de L-Gante apeló hoy la libertad dispuesta el viernes pasado por el juez de la causa y le solicitó a la Cámara de Mercedes que vuelva a ser detenido, informaron fuentes judiciales.
Así, y en representación de Darío Gastón Torres, uno de los vecinos denunciantes de L-Gante, los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra solicitaron que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revoque la resolución en cuestión. "La defensa solicitó un cambio de calificación con excarcelación, pero el Juez de Garantías adopto la viabilidad de oficio de dictar el cese de la medida de coerción (…) sin siquiera adentrarse a contemplar un solo riesgo procesal", asegura el escrito presentado por los representantes del particular damnificado. Asimismo, y al cuestionar la decisión del juez, los abogados afirman que "esta parte entiende este fallo como de otro expediente, parece un fallo satélite, que desconoció todo lo que se discutió jurídicamente hasta ahora". Mientras que, en otro de los párrafos, critican que el juez Castro "se limita, solo, a resaltar los testimonios recibidos a la defensa del Sr. Valenzuela, como olvidándose de las otras cientos de fojas que también son parte del expediente".
A su vez, cuestionan al juez al afirmar que "interpretar una enemistad manifiesta de Torres hacia Valenzuela, y tratarlo de borracho es insultar y re victimizar a la víctima" Y por último, los letrados afirman que "la resolución puesta en crisis, no resulta una derivación razonada del derecho vigente y ajustada a las constancias probatorias colectadas en la IPP" (instrucción previa preparatoria).
Por último y sobre el final del documento, los abogados de Torres piden que la Cámara "disponga la revocación del auto impugnado", que "ordene la inmediata detención de Elián Valenzuela" y que de ser necesario y antes de tomar una determinación, se fije audiencia oral ante los camaristas para mejorar los fundamentos de su apelación.
Recodemos que, el viernes por la noche, L-Gante fue liberado de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio pasado, luego de que el juez Castro dictara el cese de la prisión preventiva.
El magistrado tuvo en cuenta la declaración de cuatro nuevos testigos presenciales de la supuesta privación ilegítima de la libertad que el cantante de cumbia 420 protagonizó en mayo pasado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, lo que motivó una "reevaluación" de la prueba que existía en el expediente y su liberación por el "beneficio de la duda" y la denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.
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