En un fallo por unanimidad, los jueces del mayor tribunal penal del país, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificaron la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así, la Cámara de Casación se expidió sobre el caso Vialidad, donde dio pruebas del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
De todos modos, el fallo no implica que la también titular actual del peronismo pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros, ya que tiene previsto apelar el fallo ante la Corte Suprema, que puede tardar años en pronunciarse y con una nueva integración.
En diciembre de 2022 se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder en recibir una condena por hechos de corrupción, tras la ventilación de un juicio oral. En el fallo de ayer, los camaristas dejaron en claro que la exmandataria que tuvo un rol central en la maniobra puesta en marcha para beneficiar con obras públicas en Santa Cruz a un exbancario devenido en empresario, Lázaro Báez ni bien asumió el fallecido Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. Según la Justicia, ocasionó un daño al Estado que asciende a $84.835.227.378,04, montó que será decomisado a los condenados una vez que el fallo esté firme, previa actualización del monto.
ASOCIACIÓN ILÍCITA
Si bien los tres jueces confirmaron por unanimidad las condenas y absoluciones dictadas hace casi dos años por el tribunal oral, no estuvieron de acuerdo en torno a un cargo que podría haber agravado la condena de la expresidenta y de los otros implicados: la absolución por el delito de asociación ilícita. Sólo Hornos votó a favor.
Además, los jueces confirmaron las penas contra Báez, José López (el de los bolsos en el convento), Nelson Guillermo Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, todos por el mismo delito: administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública. Las penas oscilan entre los seis años de prisión –pena máxima para ese delito- y tres años y seis meses. De Vido fue absuelto.
En la sentencia sostuvieron que se había comprobado “un aceitado engranaje para aparentar el cumplimiento de la ley y presentar como válidos procesos licitatorios de obra pública vial manifiestamente irregulares”.
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