La Justicia rechazó un pedido de la Sigen para que la UBA informe el uso de fondos públicos

El juez federal en lo contencioso administrativo Santiago Carrillo rechazó hoy un reclamo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a la UBA mientras tramita una causa judicial en la que debe decidirse si el organismo tiene competencia para hacerlo.

La decisión de primera instancia, que podría ser apelada, rechazó dictar una medida cautelar para permitir a la Sindicatura General de la Nación acceder a documentación contable de la UBA para comenzar a revisar sus cuentas mientras se desarrolla la causa judicial.

El magistrado resolvió "diferir para el momento del dictado de la sentencia de mérito el tratamiento del planteo de incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de la Universidad de Buenos Aires" y "desestimar la medida precautoria peticionada por la SIGEN".

Para el juez no hay peligro de demora ni de pérdida de documentación que justifique una medida cautelar previa a la sentencia. "La UBA ha explicado las características de su sistema de gestión de documentos" y "cabe concluir que no surge elemento alguno que permita afirmar la existencia de un peligro cierto de que la documentación de respaldo requerida por la SIGEN "se extravíe o se altere", concluyó el magistrado.

Tanto "la fundamentación de las pretensiones de fondo como la de las medidas cautelares solicitadas se sustenta en idéntica argumentación, a fin de postular una definición en punto al eje de la controversia, según el propio interés: la competencia o incompetencia de la SIGEN para efectuar control interno en el ámbito de la UBA", remarcó.

Ante ello "no resultan viables las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo cuando —como en el caso— se pretende imponer un inoportuno discernimiento sobre cuestiones que, por su complejidad fáctica y jurídica, exceden el limitado ámbito de conocimiento preliminar", agregó.

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La demanda se inició con un planteo de la UBA para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto 1344/07 en base al cual el Gobierno justificó su decisión que habilitar a la SIGEN a auditar esa casa de estudios que recibe fondos estatales.

En ese marco reclamó la incompetencia del organismo para "ejercer el control interno de la universidad; todo ello por resultar incompatible con la autonomía universitaria, así como los derechos y garantías, reconocidos por la Constitución Nacional".

La SIGEN, por su parte, había pedido una medida cautelar para poder comenzar a analizar la documentación ante riesgo de paso del tiempo o pérdida de evidencia, algo que fue ahora rechazado.