Reclamo universitario: el Gobierno se sentará a negociar

El Gobierno de Javier Milei tomó nota de la histórica marcha universitaria con la que el martes la comunidad académica salió a defender la educación pública y a reclamar por más presupuesto. Porque, si bien ayer siguió apuntando contra la dirigencia política que se sumó a la protesta, el propio Presidente salió a aclarar que no está en sus planes cerrar universidades y admitió que la manifestación fue “genuina”. La Casa Rosada optó también por abrir una negociación con los rectores, que serían recibidos el próximo martes por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, de ahora en más a la cabeza de las conversaciones con el sector, en lugar del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, un funcionario que era mirado con recelo por las autoridades académicas.

En las universidades, expresaron fuentes de ese sector, veían la necesidad de otro interlocutor para poder llegar a un acuerdo. Les chocaba, por caso, no encontrar en Álvarez (que es profesor de Ciencia Política en la UBA y que supo militar en la Juventud Universitaria Peronista) a un par, sino a un hombre que desde el primer día les anunció que no representaba a los rectores “sino al Gobierno” y que estableció como prioridad controlar los fondos que van a las instituciones académicas.

“A partir de ahora, el que negocia es Torrendel, Álvarez lo va a acompañar”, confirmaron en el Gobierno. Al correr al subsecretario de Políticas Universitarias de las negociaciones y poner en su lugar al titular de Educación, de perfil más dialoguista, el Gobierno hizo lugar a uno de los reclamos de los rectores. La intención, admitieron en Balcarce 50, es avanzar en acuerdos. Eso sí, sin negociar la realización de auditorías que, advierten en el ala más dura del oficialismo, permitirán detectar “curros” en los claustros universitarios. “Si avanzamos en las auditorías ponemos en debate los curros que existen, que todos saben que están y también será una ganancia para nosotros”, proponían ayer fuentes libertarias, apuntando, sobre todo, al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, mano derecha del radical Martín Lousteau, abiertamente opositor a la política de ajuste del Gobierno.

Las auditorías, no obstante, debe hacerlas la Auditoría General de la Nación (AGN) por orden del Congreso. Pero en el Gobierno consideran que la AGN es un órgano “partidario”, que “apenas audita o lo hace de manera irregular” y que respondería a “intereses políticos”. Por eso, en la reunión del martes intentarán acordar con los rectores que intervenga un ente “neutral” y “estrictamente técnico”. Piensan para ello en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), órgano de control interno del Poder Ejecutivo. De todos modos, esto no sería algo inmediato, sino “para los próximos meses”.

Acuse recibo

Con un tono menos confrontativo que en la víspera y acusando recibo de la multitudinaria movilización que reclamó contra el ajuste en las universidades, el Gobierno se mostró ayer más proclive al diálogo.

“El canal de diálogo está abierto”, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, que negó que las universidades vayan a cerrar y reconoció que la marcha fue “genuina, a pesar de que hubo miembros del elenco estable de las movilizaciones”, en alusión a los dirigentes políticos y sindicales que estuvieron presentes.

LE PUEDE INTERESAR

Cristina, entre críticas a Milei y la interna del PJ

LE PUEDE INTERESAR

Récord de renuncias en el ministerio que conduce Sandra Pettovello

El propio Presidente habló en X (antes Twitter) de una causa “noble”, aunque con motivos “oscuros” y sin dejar de apuntarle a aquellos que, aseguró, “montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno”. Entonces, mencionó a “Massa, Cristina, Lousteau, Yacobitti, la CGT, la CTA, el radicalismo cómplice y todos los demás actores de la clase política que se oponen a cualquier cambio porque han sido los principales beneficiarios del antiguo régimen. No defienden la educación. Defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo”.

En otro párrafo, insistió con sus intenciones de auditar y advirtió: “No vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública. Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos”.