Juicio por YPF: escala la controversia y el fondo Burford solicitó que se declare en desacato a la Argentina

La disputa judicial internacional más importante que enfrenta el Estado argentino en materia económica volvió a concentrar la atención tras un nuevo capítulo que generó tensión entre la Justicia estadounidense, los demandantes y las autoridades nacionales. Se trata de la causa por la expropiación de YPF, en la que no solo está en juego el pago de una indemnización millonaria por la estatización de la petrolera, sino también la controversia por la entrega de chats y comunicaciones privadas de exfuncionarios y actuales miembros del Gobierno ante la Justicia del Distrito Sur de Nueva York. 

El expediente principal se refiere a la **sentencia de primera instancia que obliga a la Argentina a pagar más de US$16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012, una decisión apelada por el Estado argentino y cuya definición está en manos de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. 

En paralelo, la magistrada que lleva adelante el caso, Loretta Preska, habilitó un procedimiento conocido como “Discovery”, en el que la Justicia norteamericana busca determinar si YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y otras firmas estatales pueden ser consideradas “alter ego” del Ejecutivo argentino. Ese análisis incluye la **solicitud de comunicaciones privadas -como chats de WhatsApp y correos electrónicos- de funcionarios y exfuncionarios que participaron de decisiones vinculadas a la petrolera y a su marco regulatorio. 

La controversia se profundizó porque los demandantes, representados por el fondo internacional Burford Capital y otros grupos como Eton Park y Petersen, presentaron un escrito ante la jueza Preska proponiendo una fecha para elevar un pedido de sanciones contra Argentina en caso de que no se cumpla con la entrega de esos chats. Fuentes oficiales aseguraron, sin embargo, que el país no se encuentra en desacato y ha cooperado con el proceso, aunque algunos de los requerimientos siguen en discusión entre las partes. 

Según la crónica periodística, la disputa por estos intercambios privados de mensajería es vista como una pieza clave para demostrar el grado de influencia del Estado sobre YPF y otras entidades, algo que podría incidir no solo en la evaluación de activos embargables, sino también en la interpretación sobre el rol de la petrolera en relación con las decisiones del Ejecutivo. 

Además de la controversia por los chats, el caso sigue sumando capítulos: recién en octubre pasado fue fijada la exigencia de entrega de esas comunicaciones privadas, luego de que la jueza corrigiera distintas órdenes previas. Las partes manejan un calendario de plazos y posibles presentaciones que continuaría en enero de 2026, cuando se espera que los demandantes formalicen sus objeciones y, eventualmente, se definan nuevos pasos procesales en un juicio que ya lleva años de disputas y recursos cruzados.