Argentina se posiciona como el séptimo país de Latinoamérica con mayor cantidad de personas privadas de su libertad, alcanzando un total de 137.031 detenidos, según el último censo del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). Con una tasa de 268 personas detenidas cada 100.000 habitantes, el país enfrenta un crecimiento sostenido de su población carcelaria, que aumentó un 89 por ciento desde 2010.
En este contexto, la reincidencia delictiva supera el 65 por ciento, lo que refleja la urgencia de fortalecer políticas de reinserción social efectivas.
Solo en la provincia de Buenos Aires alberga alrededor del 50 por ciento de la población carcelaria del país, con 51.904 personas detenidas.
En comisarías, en tanto, hay casi 4.000 personas privadas de la libertad, según los registros de la CPM.
Los datos del SNEEP revelan que solo el 17 por ciento de las personas privadas de libertad participan en programas de capacitación laboral, y el 48 por ciento en programas educativos.
Estas cifras subrayan la necesidad de ampliar iniciativas, que no solo abordan la reinserción, por ejemplo desde el ámbito deportivo, sino que también fomentan la educación y el desarrollo personal.
La Fundación Espartanos ha emergido como un modelo exitoso en la reinserción social de personas privadas de su libertad que se replica en 44 unidades de la Argentina y en 16 penales de 6 países: Chile, El Salvador, España, Kenia, Perú y Uruguay.
Coco Oderigo, fundador de la Fundación Espartanos, afirma: “El trabajo que realizamos dentro de las cárceles no solo es fundamental para transformar vidas y brindar segundas oportunidades, sino también para mejorar la seguridad de todos y prevenir futuras víctimas”.
La población carcelaria en Argentina se caracteriza por una destacada presencia de jóvenes, varones y personas con bajo nivel de escolarización.
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