Bahía Blanca compacta 2 mil motos y 200 autos abandonados en operativo municipal

El Municipio de Bahía Blanca inició un nuevo operativo de compactación de vehículos en desuso en el predio de Undiano y Brickman, el depósito de motos más grande de la ciudad, en el marco de la Ley Provincial 14.547 y del programa nacional PRODECO del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objetivo de ordenar los corralones municipales, reducir riesgos sanitarios y ambientales y dar destino final a más de 200 automóviles y alrededor de 2 mil motocicletas acumuladas, la mayoría nunca retirada por sus propietarios.

El jefe de Gabinete, Luis Calderaro, advirtió sobre la marcada desproporción entre autos y motos retenidos. “Nosotros tenemos una estimación que de cada 10 motos que se secuestran al menos 8 no se retiran y en el caso de que cada 10 autos que se secuestran al menos 9 se retiran. Por eso también ven la acumulación de motos en el predio”, explicó.

En menos de un mes, entre el 26 de enero y el 23 de febrero, la División de Control y Ordenamiento Urbano secuestró 190 motocicletas —por falta de documentación, resultados positivos en controles de alcoholemia y estupefacientes o fallas graves como ausencia de escape o luces— y 108 automóviles por infracciones similares.

Calderaro subrayó que la medida trasciende el ordenamiento urbano. “Esta decisión vincula temas de salubridad, medio ambiente y orden público; es por eso esta disposición final que tiene el aval del intendente Federico Susbielles para darle continuidad y que sea permanente este tipo de programa”, señaló. Además, agregó: “El intendente Federico Susbielles nos ha pedido encarecidamente que regularicemos la situación y tener una política clara al respecto, porque todos los predios y corralones municipales están abarrotados de vehículos”.

Actualmente existen al menos seis depósitos en la ciudad con una estimación cercana a 15 mil vehículos secuestrados entre autos y motos.

La jueza de Faltas, Soledad Monardez, explicó que la mayoría de las motocicletas no puede ser retirada por problemas documentales, deudas o condiciones técnicas. “Hay que tener en cuenta que los vehículos tienen que estar en condiciones de rodar para ser retirados del corralón y lo que sucede con ese porcentaje que menciona Calderaro es que muchas no están en condiciones de rodar”.

Según detalló, la informalidad en el mercado de motos incide directamente en el abandono. “Hay mucha informalidad en la compra y venta de motocicletas y cuando intentan recuperarla se dan cuenta que no cuentan con la documentación necesaria respaldatoria o que quizás tengan muchísimas multas o deudas de patentes y al momento de retirar hay que abonarlas. Esas son las razones fundamentales”.

También influyen los costos de estadía. “También hay que tener en cuenta el tiempo que esté en el corralón, porque eso también acumula deudas”, advirtió. En muchos casos, la deuda supera el valor del rodado. “La ordenanza fiscal impositiva establece que para realizar un acto administrativo sobre un mueble o un inmueble debe pagar la denuncia. Entonces para poder retirar una moto se tiene que abonar lo que se adeuda… a veces realmente excede el valor del rodado”, precisó.

La normativa fija que, transcurridos 180 días desde el secuestro, el vehículo puede ser considerado en estado de abandono. “Es importante que la gente sepa que pasados los 180 días de secuestrado el vehículo, la ley habilita a considerar que el rodado está en estado de abandono”. Y añadió: “Esta gestión tomó la decisión de darle continuidad a esta decisión. Por lo cual, la gente tiene que saber que pasado los seis meses eso va a empezar a suceder”.

El proceso incluye edictos y notificaciones para evitar reclamos legales. Los vehículos sin certificado de rodabilidad se compactan; los que lo poseen pueden ser subastados o reutilizados por el Estado. El material se vende como chatarra y los fondos se distribuyen entre entidades de bien público de la ciudad. Cada cubo compactado pesa entre 800 y 1000 kilos y el monto final depende del tonelaje obtenido.

Desde el Ejecutivo local remarcan que la acumulación de unidades abandonadas favorece la proliferación de roedores y mosquitos y la liberación de sustancias contaminantes como aceites, combustibles, ácido sulfúrico y plomo. “No solo es lo visual… sino que también están en juego cuestiones de salud y medioambientales, además de recuperar espacios”, concluyó Calderaro.

El reciente incendio que destruyó alrededor de 350 vehículos en el predio de la Caminera, sobre la ruta provincial 51, volvió a poner el foco en el problema. Sobre esos rodados, el funcionario aclaró: “Con esos autos hay una traba insoslayable, ya que no están bajo juzgado municipal. Se trata de automóviles que están en el marco de un proceso judicial, ya sea de la justicia ordinaria o de la justicia federal”.

En ese sentido, añadió: “Pero sí hemos mantenido conversaciones con autoridades judiciales para agilizar el proceso para que aquellos vehículos que han finalizado sus peritajes o las causes estén cerradas, puedan ser retirados y darles una disposición final”.