La funcionaria judicial platense Albertina Mangini, detenida en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada al lavado de activos y al uso de datos biométricos para abrir cuentas digitales, obtuvo el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Sin embargo, la medida todavía no fue efectivizada.
La decisión fue tomada por el juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo, quien hizo lugar al pedido presentado por la defensa de Mangini. Ahora, la Fiscalía podría apelar la resolución. En ese caso, el arresto domiciliario quedaría trabado hasta que la Cámara correspondiente resuelva el planteo.
Uno de los elementos que habría sido considerado dentro de la situación personal de la imputada fue un grave episodio ocurrido durante su detención. Mangini tuvo un intento de suicidio dentro de la cárcel, donde se habría provocado cortes en las venas utilizando un vidrio perteneciente a una ventana que se encontraba rota.
El episodio fue incorporado al análisis de las condiciones en las que se encontraba detenida y se convirtió en uno de los argumentos para solicitar una medida de prisión menos gravosa.
Mangini se encuentra imputada en una causa que investiga a una presunta organización que habría movilizado alrededor de 27.000 millones de pesos a través de distintas cuentas y billeteras virtuales. De acuerdo con la hipótesis de la investigación, se habrían utilizado datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para generar cuentas digitales que posteriormente eran utilizadas para recibir y transferir dinero.
Una de las modalidades bajo investigación consistía en ofrecer dinero a determinadas personas a cambio de entregar sus datos y someterse a procedimientos de identificación biométrica, incluido el escaneo del iris de los ojos. Según la acusación, esas identidades digitales habrían sido utilizadas posteriormente sin el control pleno de sus titulares.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados, quien aseguró que le habían ofrecido dinero a cambio del escaneo de sus ojos. A partir de ese episodio se avanzó sobre una estructura más amplia que habría utilizado cuentas digitales para canalizar fondos de presunto origen ilícito.
Mangini fue detenida el 13 de agosto de 2026 y posteriormente se dictó su prisión preventiva. La funcionaria había sido suspendida de sus funciones desde febrero de 2025, cuando quedó involucrada en la investigación.
En su resolución, el juez Crispo consideró las circunstancias personales de la imputada y señaló que no registra antecedentes penales condenatorios, que se encuentra apartada de la función que desempeñaba y que ya no posee acceso a los recursos institucionales vinculados con su cargo.
Por ese motivo, entendió que los riesgos procesales podían ser neutralizados mediante una medida menos gravosa que la prisión preventiva y concedió el arresto domiciliario con dispositivo electrónico.
No obstante, la medida aún no se encuentra efectivizada. La situación dependerá de si la Fiscalía decide apelar la resolución. Si el Ministerio Público presenta un recurso, deberá intervenir la Cámara, que tendrá que resolver si confirma o modifica lo dispuesto por el juez de Garantías.
Además, en caso de concretarse el arresto domiciliario, Mangini tendrá prohibido mantener contacto, de manera directa o indirecta, con las víctimas, los testigos y los demás imputados de la causa, ya sea personalmente, por teléfono, redes sociales, medios electrónicos o a través de terceros.
La investigación continúa y busca determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los acusados dentro de la presunta organización. La millonaria cifra bajo análisis corresponde al volumen de dinero detectado dentro del circuito investigado y no implica que ese monto haya sido apropiado personalmente por Mangini.
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