La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires salió al cruce de la denuncia formulada por el juez de Garantías Guillermo Atencio y rechazó que haya existido un intento de ocultar pruebas o de impedir el avance de una investigación judicial en el marco del denominado caso Chocolate.
A través de un comunicado firmado por las autoridades de la Cámara y los presidentes de los bloques, el cuerpo sostuvo que siempre actuó “ajustado a derecho” y colaboró con la Justicia.
Uno de los principales argumentos planteados por Diputados está relacionado con el archivo de expedientes. Según la Cámara, esa posibilidad estaba contemplada en su reglamento desde 2002 y la decisión fue aprobada por más de dos tercios del cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó a la Legislatura el 19 de agosto.
Por ese motivo, Diputados rechazó que haya existido un ocultamiento de pruebas. En el comunicado señaló que al momento de aprobarse el archivo “dicho requerimiento todavía no existía” y remarcó que la decisión fue pública, votada en sesión y transmitida en vivo.
Diputados marcó una diferencia con la causa de Chocolate
Otro de los puntos centrales de la respuesta está vinculado con los expedientes involucrados.
La Cámara sostuvo que, de acuerdo con la documentación analizada, los requerimientos y las decisiones administrativas cuestionadas no correspondían a la causa Julio Rigau, sino a otro expediente identificado como Rodríguez María Eugenia s/ hurto.
En ese sentido, planteó que ambas actuaciones deben ser analizadas por separado y señaló que, en la causa que involucra a Julio “Chocolate” Rigau, la Cámara aportó información requerida por la Justicia.
Además, recordó que esa investigación avanzó, fue elevada a juicio y que existen personas privadas de su libertad. Para Diputados, esos elementos deberían ser considerados antes de sostener que hubo una conducta institucional destinada a impedir el avance de la causa.
La defensa de los legisladores
El comunicado también puso el foco en las garantías constitucionales de los legisladores.
La Cámara sostuvo que considera “inadmisible” que se pretenda perseguir penalmente a diputados por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones y citó el artículo 96 de la Constitución bonaerense, que establece la protección de las opiniones y votos de los integrantes de ambas cámaras durante el ejercicio de sus cargos.
Según la posición expresada por Diputados, la decisión de archivar los expedientes no fue una medida administrativa aislada, sino que posteriormente fue convalidada mediante una votación del cuerpo legislativo.
Otro de los argumentos planteados apunta directamente a la relación entre la Justicia y la Legislatura.
La Cámara sostuvo que la división de poderes implica mecanismos de control recíproco, pero advirtió que esas facultades no deberían utilizarse para “condicionar, limitar o inhibir” el funcionamiento de otro poder del Estado.
Al mismo tiempo, el comunicado señala que ninguna facultad propia puede utilizarse para impedir investigaciones judiciales que correspondan legítimamente. En esa línea, Diputados planteó que el equilibrio institucional requiere preservar tanto la independencia del Poder Judicial como la autonomía y el funcionamiento del Legislativo.
Finalmente, las autoridades de la Cámara afirmaron que la actuación institucional debe analizarse a la luz de otros antecedentes. Sostuvieron que a lo largo de la historia hubo investigaciones judiciales relacionadas con hechos ocurridos dentro de la Legislatura y que, según su postura, todas avanzaron hasta llegar a una sentencia.
El comunicado fue firmado por el presidente de la Cámara, Enrique Dichiara, los vicepresidentes y los titulares de los distintos bloques políticos que integran el cuerpo.
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