Un plenario de secretarios generales universitarios evaluó el impacto del último acuerdo a nivel nacional. Durante el encuentro, la dirigencia valoró la incorporación de una garantía en los haberes, un punto que no figuraba en la oferta inicial ni en la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), pero que se integró al acta definitiva por las gestiones de la Conadu. Ante la posibilidad de nuevos atrasos oficiales, el sector gremial mantiene la alerta sobre eventuales medidas de fuerza en las distintas unidades académicas.
El mismo escenario se replicó con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Por tal motivo, el sindicato toma la legislación actual como una base para ampliar las condiciones mediante acuerdos paritarios. A su vez, los voceros subrayaron la necesidad de reabrir las discusiones económicas con la participación de toda la planta de las universidades.
Por otro lado, la asamblea respaldó el reciente fallo de la Corte Suprema, una decisión que el sector interpreta como un freno a las políticas del Ejecutivo nacional. El apoyo de la sociedad a la educación pública significa, para los gremios, un sustento vital para defender las condiciones de trabajo.
La Secretaria General de la entidad, Clara Chevalier, advirtió sobre el agotamiento de las excusas por parte de las autoridades nacionales. La líder sindical exigió la cancelación total de los montos adeudados con la liquidación de los sueldos de julio. Frente a un posible incumplimiento oficial, anticipó la organización de nuevas medidas de fuerza.
La referente remarcó la continuidad del conflicto educativo y valoró la eficacia de los reclamos en las calles. En base a este escenario, definieron encabezar un reclamo legal por la aplicación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario, con foco en los artículos 4 y 5 sobre la actualización de remuneraciones y becas. Los ingresos a percibir en agosto deben contemplar todas las pautas dictadas por la norma.
Además, se conoció que solicitaron un un llamado para retomar las reuniones paritarias, autorizar a la Mesa Ejecutiva a coordinar reclamos políticos y administrativos junto al Frente Universitario para intimar al Ministerio de Capital Humano a acatar la medida cautelar y la LFU. Por último, analizan posibles demandas en los tribunales para forzar el cumplimiento de la orden cautelar y una revisión para la próxima asamblea, para evaluar la respuesta oficial y proponer paros si las autoridades mantienen las demoras.
Financiamiento universitario: dudas de que el Gobierno cumpla
El conflicto sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N°27.795) continúa vigente y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que ya obligó al Gobierno Nacional a ponerla en marcha de forma inmediata, mediante un fallo que rechazó de forma unánime un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano.
Sin embargo, la gestión del presidente Javier Milei resaltó que el Congreso de la Nación sancionó la normativa sin especificar de qué partidas se obtendrían los fondos y ratificó que priorizará el superávit fiscal de manera estricta, debido a que si tuviera que aplicarla tendría que desembolsar entre 1,3 y 3,6 billones de pesos.
El Poder Ejecutivo, además, sostuvo que se viola el artículo Nro. 38 de la Ley de Administración Financiera, el cual exige que toda normativa que implique “un gasto extra” debe detallar su fuente de financiamiento y de no hacerlo, el Gobierno interpreta que la única alternativa implica ordenar emisión monetaria, lo cual generaría “más inflación”y “desestabilizaría” el plan económico que lleva adelante de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo.
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