El exintendente Julio Garro y exfuncionarios de su gestión fueron notificados en las últimas horas de su imputación en la causa que investiga ahora el fiscal Juan Menucci, por la presunta comisión de delitos por “enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración pública e incumplimiento de funcionario público”, en el marco del hallazgo de desarrollos ilegales de loteos para viviendas.
Garro, su exsecretario de Coordinación Oscar Negrelli y su extitular de Planeamiento María José Botta acudieron el viernes a la UFI Nº5, a cargo de Menucci, para ser notificados que la causa en la que están imputados se encuentra ahora a cargo de este fiscal. Durante la mañana de ayer la exdirectora general de Planeamiento durante la anterior gestión municipal, Marcela Rogg, también fue notificada en el mismo sentido. Y se espera que en los próximos días ocurra lo mismo con otros exfuncionarios, entre ellos, el exsecretario de Obras Públicas, Luis Barbier.
El exintendente ya había sido imputado el año pasado en la causa que investiga la denuncia presentada por la administración de Julio Alak, por el entonces fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, en marzo del año pasdo. Sin embargo, luego de que éste fuese recusado por “demoras e inacción” en la instrucción, el 24 de julio pasado, durante la feria judicial, la instrucción fue reasignada a Menucci.
En el escrito al que tuvo acceso EL DIA, se le notifica a Garro “que se encuentra imputado”, lo que “no implica una declaración de culpabilidad”, en la causa conocida como “Loteos ilegales”, caratulada “Garro, Julio y otros s/Fraude en perjuicio de la administración pública; enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público; defraudación por administración fraudulenta; abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario público”, con la intervención del agente fiscal a cargo de la UFI Nº5, Juan Menucci, y la jueza de Garantías Nº5, Marcela Garmendia. Y se detalla que la imputación es sobre los delitos de “enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y la “eventual afectación ambiental de incidencia colectiva en los términos de los artículos 27; 28 y 29 de la Ley General de Ambiente N°25.675”.
Con más de 14 cuerpos, ahora, la causa continuará su etapa de instrucción en la UFI Nº5, luego de la notificación formal de las personas investigadas. Además de particulares, cuyos nombres aún no trascendieron, trascendió que fueron citados por la Fiscalía para los próximos días el exsubsecretario de Obras Públicas municipal Leandro Ronga, el exsubsecretario de Tierras, Hábitat y Viviendas Augusto Sciarreta, y el exdirecto general de Obras Viales, Marcelo Genoro, entre otros.
LA DENUNCIA
Como viene publicando EL DIA, la gestión del intendente, Julio Alak, acudió a la justicia penal en octubre de 2024 para denunciar irregularidades en emprendimientos inmobiliarios, ocurridos durante la anterior gestión municipal.
La presentación, firmada por la secretaria de Justicia municipal, Marina Mongiardino, es una “denuncia penal contra los funcionarios públicos del Departamento Ejecutivo Municipal de la gestión extendida desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2023 por los posibles delitos de Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, al cometer una serie de irregularidades gravísimas desobedeciendo la orden expresa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no autorizar urbanizaciones sin la obligatoria convalidación legal y técnica prescripta por la normativa vigente. Normativa no cumplida por el ejecutivo municipal anterior, permitiendo urbanizaciones ilegales sin cumplir con las leyes provinciales, perjudicando tanto al erario público como a los platenses”.
Y añade: “Deberá investigarse la omisión deliberada de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la facilitación de dichos desarrollos que podría implicar la omisión de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, al hacer caso omiso a las reiteradas objeciones efectuadas por la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial”, además de un avance de la urbanización sobre el cordón frutihortícola que podría implicar violaciones a las leyes ambientales.
Según la Comuna, los loteos ilegales son, aproximadamente, 450, distribuidos en distintos barrios de la Ciudad.
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