Un proyecto de ordenanza presentado el fin de semana en el Concejo Deliberante propone la implementación de un nuevo régimen destinado a fortalecer a las asociaciones de bien público de la Ciudad, mediante la simplificación de trámites y el acceso más ágil a beneficios municipales.
La iniciativa, impulsada por el presidente del Cuerpo, Marcelo Galland, ya ingresó formalmente al ámbito legislativo y comenzará a ser analizada en las distintas comisiones.
La propuesta contempla la creación de un registro específico para entidades comunitarias, entre las que se encuentran clubes de barrio, bibliotecas populares, comedores y otras organizaciones sin fines de lucro. El objetivo es facilitar la obtención de exenciones tributarias, subsidios y programas de asistencia promovidos por el Municipio.
Entre las modificaciones previstas, el proyecto extiende de seis meses a dos años el plazo para que las instituciones puedan regularizar documentación pendiente. Además, elimina la exigencia de presentar balances certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, un requisito que, según señalaron desde la iniciativa, representaba una dificultad económica para muchas entidades de menor escala.
Galland sostuvo que las organizaciones barriales cumplen un rol fundamental en la vida cotidiana de los vecinos y remarcó la necesidad de acompañarlas con herramientas que favorezcan su funcionamiento. “Con esta propuesta buscamos eliminar obstáculos que muchas veces dificultan la regularización de estas instituciones. No se trata de reducir controles ni de resignar transparencia, sino de simplificar trámites y evitar que requisitos costosos terminen dejando afuera a organizaciones que realizan un trabajo invaluable para la comunidad. Queremos que más entidades puedan acceder a programas, subsidios y herramientas que les permitan seguir creciendo.”
Según el censo que el propio edil impulsó, en la Ciudad se registran unos 1.098 clubes de barrio, incluyendo deportivos y sociales. En tanto, se encuentran registrados 458 centros de fomento y culturales y 274 bibliotecas populares, los que, en total, suman 1.830 instituciones.
La propuesta también establece que la Dirección General de Entidades será la autoridad encargada de aplicar la normativa, con el propósito de agilizar los procedimientos administrativos y brindar una respuesta más rápida a las instituciones que desarrollan tareas sociales, culturales y deportivas.
Al inicio de su gestión, el concejal alakista había impulsado un programa de asistencia a estas entidades, a fin de facilitarles la tramitación de expedientes que tiendan a la eximición de tasas y obtención de beneficios. En tanto, en esta ocasión, el proyecto de ordenanza, que propone modificar una norma de 1980, apunta a la creación de un registro, que ejercerá, además, un contralor de estas entidades, eliminando la exigencia de contar con un balance anual certificado por el Consejo de Ciencias Económicas.
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