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También habrá multas de hasta $30 mil. Es para frenar los actos de violencia contra los maestros
Insultar, menospreciar, perturbar, golpear, escupir o arrojar objetos a docentes y auxiliares, y “provocar escándalo” en las escuelas siendo familiar o allegado de sus alumnos, será sancionado en territorio bonaerense con arresto y multas superiores a los seis mil pesos. Así lo establece un proyecto de ley que el Ejecutivo envió a la Legislatura provincial con el objetivo de que agredir a los maestros y porteros “deje de salir gratis”.
Elaborada por la Dirección General de Cultura y Educación, con el apoyo de los gremios que representan a los trabajadores involucrados, según se aclaró, la iniciativa fue remitida al Senado y se espera que no tenga mayores obstáculos para ser aprobada. Su texto modifica el Código de Faltas de la Provincia (decreto-ley Nº8031/73), agregándole el artículo 74 bis.
Concretamente, el texto establece que será penado con arresto de cinco a treinta (30) días, o multas del cincuenta al cien por ciento del haber mensual de un oficial subayudante del comando policial bonaerense, quien “invocando un vínculo con un alumno”, en colegios públicos o privados, “hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no”.
Además, describe como motivo para similares sanciones insultar, “provocar escándalo”, ejercer violencia física, arrojar “elementos de cualquier naturaleza” -se puso como ejemplo un pupitre-, ingresar sin autorización a los establecimientos educativos o no retirarse cuando se le es requerido, y perturbar el dictado de clases.
El monto de las multas y la dirección de los arrestos, que tendrán como autoridad de aplicación “la Justicia de Paz letrada de cada distrito” -los jueces de faltas- podrán duplicarse si las infracciones se cometen en presencia de los estudiantes.
De acuerdo con los parámetros enunciados en el proyecto de ley, las penas económicas arrancarían en torno a los 6 mil a 8 mil pesos, y podrían llegar alrededor de los 30 mil.
“Hoy nos están quemando escuelas; antes al guardapolvo blanco de un docente, al igual que el del médico, se lo respetaba. Hoy no” sentenció ayer el titular de la cartera educativa bonaerense, Alejandro Finocchiaro: “lo que pretendemos con esta iniciativa es que se sepa que hay un Estado al que le interesa que se juzgue la agresión; es simbólico y un signo político”.
El funcionario subrayó que “actualmente, agredir a un docente o auxiliar no tiene costo; insultar, golpear, escupir, sale gratis. Nosotros no podemos legislar en el Código Penal, pero sí intervenir en el ámbito del Código de Faltas, y queremos que aquellos que sientan la tentación de agredir tengan un freno inhibitorio, que sepan que les puede costar días de arresto o una multa severa”.
Durante la presentación del proyecto, en su despacho de avenida 13 entre 56 y 57, Finocchiaro admitió que “esto no es la solución a todos los males; tenemos que hacer un fuerte trabajo cultural para volver a jerarquizar la labor docente y su papel en la sociedad. Es un cambio cultural que llevará tiempo, y lo haremos formándolo, capacitándolo, revalorizando las prácticas docentes”.
“Queremos que los maestros sepan que los vamos a cuidar” indicó el funcionario: “si logramos que se paguen dos multas, o que tres agresores estén tres días presos, lo habremos logrado; vamos a usar esta ley para activar las causas, vamos a jorobar. Las agresiones a docentes están sucediendo con cada vez mayor frecuencia, hace veinte años esto no pasaba y el Estado no puede renunciar a intervenir”.
En territorio bonaerense coexisten 16 mil servicios educativos en 12 mil edificios. Las escuelas públicas, en particular, son escenario semana tras semana de actos de vandalismo, saqueo y destrucción.
El titular de Cultura y Educación manifestó que “existen bolsones de marginalidad -que no es lo mismo que pobreza- en los que se ve a la escuela como una enemiga; no es que haya un Don Corleone que mande vandalizar escuelas, pero para esos sectores la escuela es una amenaza ya que cada vez que el sistema educativo logra retener un pibe. la marginalidad pierde un participante”.
En el gobierno estiman que la norma que acaba de iniciar su trámite legislativo podría entrar en vigencia antes de fin de año. Entre sus disposiciones, hace especial hincapié en la duplicación de las penas cuando las agresiones tienen como testigos a alumnos. “Se lo entendió así porque una vez que el alumno vio a su docente maltratado, ¿por qué no lo va a replicar él?” explicó Finocchiaro, quien adelantó que los trabajadores agredidos contarán con asesoramiento legal oficial.
En gremios como la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), se denuncia que cada jornada hay al menos una agresión grave en alguna de las escuelas de la Provincia, y que el 35 por ciento de las consultas docentes que llegan a las áreas de salud laboral tienen que ver con enfermedades psicosociales provocadas por episodios de violencia de diversa índole.
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