Piden que desplacen de IOMA a los funcionarios denunciados

El Sindicato Unico de Profesionales, Técnicos y Trabajadores de IOMA (Supttioma) pidió ayer a la gobernadora María Eugenia Vidal que desplace de sus cargos a seis funcionarios de la obra social de la Provincia que fueron procesados en la Justicia en la causa que investiga una red de estafas con la cobertura de internaciones domiciliarias.

La agrupación, desde donde se impulsaron más de treinta denuncias por irregularidades y fraudes con distintas prestaciones de IOMA, apuntó contra el actual subdirector de Finanzas del organismo, Diego Osvaldo Giovanetti, quien forma parte de los 18 procesados por la Justicia platense.

En ese grupo de los imputados por el fiscal Alvaro Garganta por los presuntos delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública”, “peculado de caudales” “fraude en perjuicio de la administración pública”, “uso de documento público falso” y “asociación ilícita”, también lo integran otros empleados del organismo: Romero Pelayo Aner, María Cecilia Passo, María Soledad Cascallares, Sandra Sabbatini y María Celeste Celle, quienes cumplen funciones en el área de Internaciones Domiciliarias, que la Justicia sospecha se creó específicamente para llevar adelante este fraude.

En total, son 18 los procesados en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal Garganta, que se inició por una denuncia impulsada por Elisa Carrió y por la Asociación y el Sindicato de Profesionales de IOMA.

A la cabeza de esa supuesta asociación ilícita, Garganta ubicó Antonio La Scaleia, un médico cirujano que ocupó la presidencia de la obra social que presta servicio a más de dos millones de bonaerenses entre los años 2010 y 2015 y que cosechó decenas de denuncias por irregularidades y estafas en IOMA.

Según el auto de procesamiento, La Scaleia era quien estaba al frente de una “compleja estructura delictual destinada a la comisión de varios delitos (...) para poner en funcionamiento un sistema destinado al favorecimiento económico de ciertas empresas”. El fiscal también imputó a otros ex funcionarios y a vocales que integraron el directorio en representación de los dos gremios mayoritarios de la Provincia, UPCN y Suteba.

La maniobra investigada tenía como fin desviar fondos del organismo a través de módulos que se pagaban por internaciones domiciliarias que no se realizaban, con firmas notoriamente falsas de afiliados. En total, entre 2013 y 2015, este tipo de movimientos generó pérdidas al Estado por un monto de 650 millones de pesos, según estiman en la Justicia.

Ayer, el titular de la Asociación de Profesionales de IOMA (Apioma), Idelmar Seillant, impulsor de las denuncias que empujaron la investigación, adelantó que pedirán un encuentro con la gobernadora para plantearle que se remueva del organismo a los procesados que actualmente cumplen funciones.

“Nosotros se lo venimos pidiendo al actual titular de IOMA pero no tuvimos respuesta. Muchas de las situaciones que denunciamos durante el sciolismo tienen continuidad hoy. Por eso reclamamos que se abran sumarios y se expulse a esta gente”, dijo ayer Seillant en diálogo con este diario.

El médico denunciante pidió también a la actual administración que se ordenen auditorías contables, financieras y de terreno para detectar si esas maniobras de estafas siguen realizándose.

“Las empresas apuntadas seguían prestando servicio a IOMA hasta hace muy poco tiempo”, disparó Seillant.

En los últimos días, apenas se conoció la decisión del fiscal Garganta, desde la gestión de Carlos D’Abate, titular de IOMA, dijeron que cuando lleguen las notificaciones oficiales “se actuará de acuerdo a los procedimientos disciplinarios administrativos previstos en la legislación”.

“En IOMA nadie tiene privilegios. Si algún funcionario activo está involucrado, deberá responder a la Justicia por sus actos cuando sea requerido”, sostuvieron voceros oficiales.