Piquetes y tensión en la UOCRA tras una denuncia contra Medina

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La inestable situación que se vive en la localidad de Pereyra como consecuencia de la parálisis en las obras de remodelación ferroviaria acaba de sumar un nuevo frente de tormenta: la denuncia realizada por la fiscalía federal quilmeña contra el dirigente sindical Juan Pablo Medina, jefe de la UOCRA platense, por una presunta “extorsión” contra el Estado Nacional.

Esta madrugada se vivía un fuerte clima de tensión, no sólo frente a la sede gremial de 44, sino también en los alrededores, donde varias calles fueron cortadas con quema de neumáticos por parte de los trabajadores de la construcción. Según afirmaban, temían una intervención de Gendarmería y una posible detención de su líder, versión que corrió anoche pero no pudo ser confirmada.

Con el correr de las horas la tensión iba en aumento y cientos de afiliados al gremio copaban los alrededores de la sede sindical en apoyo a su líder y cortaban todos los accesos. Hicieron piquetes en la avenida 44, sobre las calles 3 y 5, y también en 4 y 45, con quema de gomas, barricadas y bombas de estruendo.

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Según trascendió, la presentación fue realizada por la fiscal federal Silvia Cavallo ante el juez Luis Antonio Armella, en el marco de una causa abierta meses atrás a instancias de un grupo de vecinos autoconvocados para reclamar la adaptación y apertura de la estación Pereyra al servicio de trenes de pasajeros en su flamante modalidad eléctrica.

Allí, la construcción de los andenes elevados, indispensable para permitir el ascenso y descenso de los usuarios, dada la altura de los convoyes chinos que cubren el recorrido entre plaza Constitución y City Bell, quedó en stand-by por tiempo indeterminado el último sábado de marzo pasado, cuando un grupo vinculado con la delegación local de la UOCRA tomó violentamente el obrador de la firma CONINSA SA, habitado hasta ese momento por afiliados a la UOCRA-Florencio Varela.

Lo que ocurrió esa tarde fue caracterizado por numerosas fuentes como una verdadera “batalla campal”, tras la que los varelenses fueron expulsados; algunos testimonios hablaron de un copamiento al estilo “far west”, con gritos y disparos al aire. Después de esa refriega la marcha de la obra, que ya era lenta, se hundió en una ciénaga cada vez más profunda.

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“No podemos negar que hubo un conflicto con los colegas de Varela, con algunos insultos y empujones, por un tema de incumbencia sobre la obra” admitió oportunamente Juan Pablo “Pata” Medina: “pero de ninguna manera merecemos que nos ensucien haciendo circular que entramos a los tiros y que es nuestra culpa que el tren todavía no pare en tal o cual estación”.

Sin embargo, tanto desde Coninsa como desde el ministerio de Transporte nacional, encargado de llevar adelante el plan de reconversión eléctrica del ramal Vía Quilmes de la línea Roca, se denunció que la irrupción de los gremialistas platenses era un impedimento insalvable para arrancar de nuevo con los trabajos.

“La estación está tomada por una facción de la UOCRA que impide poner en movimiento el obrador” admitieron entonces en la cartera de Transporte, y detallaron que “la adjudicataria denunció el incidente ante la comisaría Nº3 de Berazategui, por lo que la estación de Pereyra quedó custodiada por la policía de Quilmes”.

A inicios de julio pasado, el juez Armella dictó un “mandato exhortativo” para que el Estado Nacional adoptara “todas las medidas necesarias para garantizar el reinicio y cumplimiento de las obras licitadas”. Y otorgó a Transporte cinco meses para librar al servicio de pasajeros la parada ferroviaria, una vez reiniciadas las obras.

Sin embargo, nunca arrancaron, y las semanas transcurrieron sin novedades, para desesperación de los vecinos de Pereyra y la comunidad educativa del Instituto María Teresa, establecimiento educativo situado muy cerca de los andenes, con más de mil estudiantes que todos los días ven pasar de largo los trenes.

A fines del mes pasado, desde la UOCRA local se anunció que el conflicto de incumbencia sindical estaba resuelto, y que se reanudarían las obras. “Si hubo un parate fue por decisión exclusivamente de las autoridades que manejan el ferrocarril” subrayó el “Pata” Medina: “El tema gremial está solucionado, porque dialogamos con nuestros compañeros de Varela en un marco institucional y quedamos en que será La Plata la que aporte los trabajadores de ahora en más”.

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El dirigente agregó que “acordamos con la firma Coninsa que, de ser posible, se reanuden los trabajos en Pereyra en el menor plazo posible, y mientras tanto los trabajadores constructores seguirán cumpliendo en tiempo y forma con todos los cronogramas de la electrificación, en cada frente de obra correspondiente al partido de La Plata, desde Pereyra hasta la estación de 1 y 44”.

El “acta de entendimiento” con la empresa adjudicataria de los trabajos quedó, sin embargo, en el ojo de la tormenta. Firmada el 24 de agosto y presentada para su evaluación ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, fue rechazada por considerarse que se omitió la “estrictamente necesaria” participación del Estado Nacional, que es el que financia el plan de electrificación ferroviario. Ocurre que el documento fijaba cuestiones laborales referentes a la contratación de los trabajadores, y los valores de bolsillo que debían percibir por su labor.

HOMOLOGACION FALLIDA

Ante el pedido de homologación del convenio, que según el sindicato de haber resultado favorable hubiera permitido retomar las obras “de inmediato”, la cartera de Trabajo consideró que “la construcción para la que fuera contratada la empresa acordante es solventada con fondos que destina el Ministerio de Transporte de la Nación, comitente de la obra aludida, en el marco de contrato administrativo de obra pública que liga a las partes, por lo que cualquier variación en las condiciones en que se desarrolla el mismo debe ser bilateralmente concertada”.

La dirección provincial de Relaciones Laborales del Sector Privado provincial también expresó que “deviene estricta y jurídicamente necesaria la participación del comitente estatal en cualquier negociación individual, pluriindividual y colectiva que entable la empresa con sus dependientes”, por lo que dictaminó el rechazo “en su totalidad” de la homologación pedida.

En audiencia ante el juez Armella, representantes del Gobierno nacional manifestaron que desde la UOCRA se había determinado unilateralmente que “los costos de las obras a realizar en la estación Pereyra habían sido incrementados”, y que se debía adecuar el presupuesto a tal fin.

Esto dio pie a la fiscal Cavallo para pedirle al magistrado que investigue la eventual “connivencia” entre Medina y la empresa Coninsa “para aumentar el costo” de la remodelación de la parada ferroviaria.

Concretamente, la funcionaria judicial pidió que se indaguen las supuestas “indebidas exigencias dinerarias reclamadas al Estado Nacional -Ministerio de Transporte- por parte de las sedes Quilmes y La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y eventualmente por la empresa constructora Coninsa SA (encargada de la construcción de los andenes de la Estación Pereyra)”.

Cavallo aludió a “las sugestivas nuevas exigencias dinerarias sin proporción que fueran solicitadas por la UOCRA en esta instancia, ya que es sabido que el Estado Nacional adjudicó oportunamente a la empresa Coninsa SA la construcción de los andenes, en base al pliego oportunamente tramitado, y ya no es posible efectuar una nueva licitación para su construcción, no sin antes paralizar por varios meses nuevamente las obras, en desmedro del amplio abanico poblacional que utiliza el sistema ferroviario”.

lo que dicen los abogados

En este contexto, los representantes legales de Juan Pablo Medina subrayaron anoche a este diario que “todavía no se nos permitió tener acceso al expediente, por razones que no se nos han revelado”.

“Por ahora, la causa está caratulada ‘NN sobre delito a determinar’” explicaron los abogados: “Una vez que tomemos vista, se resolverán los pasos procesales a seguir”.