Preocupante involución en materia de seguridad vial en nuestra región

Los cotidianos accidentes de tránsito que se registran en la Región no sólo constituyen una suerte de tragedia social sin fin, sino que dejan en evidencia la escasa capacidad que ha demostrado y sigue demostrando el Estado para neutralizar un flagelo que, estadísticamente, significa la pérdida de 3 vidas cada 24 horas, en una sucesión que se mantiene invariable estadísticamente desde hace casi tres décadas. Ahora, tal como se sabe, en lo que va del año son 65 las víctimas fatales en accidentes callejeros ocurridos en nuestra zona.

El panorama resulta desolador y, a la vez, inquietante, ya que la situación se ve agravada por factores tales como el crecimiento del parque automotor y el mal estado de los caminos, en tanto que sigue siendo escaso el avance que en materia educativa se debiera impulsar. Ciertamente no pueden aguardarse mejoras de ninguna especie, si la mayor parte de la población carece de conocimientos y de cultura viales, necesarios para garantizar un mejor comportamiento como conductores o peatones.

En las últimas jornadas se registraron algunos accidentes fatales, que fueron atribuidos al mal estado de los caminos, a la intensa niebla o a la oscuridad de las calles. Pero también se produjeron accidentes mortales en horas diurnas, con buena visibilidad y sin que los pavimentos se encontraran húmedos o en malas condiciones. Tales circunstancias, que pueden llegar a ser determinantes, sin embargo importan menos que la imprudencia o la indisciplina con que se comportan muchas personas en la vía pública.

Hace pocas jornadas se aludió en esta columna a la denuncia formulada por la Asociación Civil Luchemos por la Vida en el sentido de que en nuestro país la cantidad de personas que cada año pierden su vida en accidentes de tránsito se mantiene casi invariable desde la década del 90. Según se expresó, que en países como España, Holanda y Suecia –con un tránsito tan o más denso que en el nuestro- se han venido reduciendo en forma gradual y sostenida tanto el número de accidentes como las cantidades de víctimas.

Además, tal como lo señaló la organización no gubernamental, las políticas en seguridad vial no sólo habrían sido muy poco efectivas, sino que sus resultados fueron tergiversados para no lucir tan mal. Una auditoría interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial reveló que la cifra oficial de fallecidos en accidentes de tránsito durante 2014 fue tergiversada por ese organismo y que sería en realidad un 30 por ciento mayor.

Una vez más debe enfatizarse que el tema exige una atención absolutamente prioritaria, tanto desde el Estado como desde la propia comunidad. Los accidentes de tránsito se han convertido en una de las amenazas más graves contra la vida. Y nadie queda al margen, ni siquiera los peatones. Es hora, entonces, de reiterar un llamado a la acción para combatir esta amenaza.

El Estado debe garantizar que se cumplan las normas vigentes en materia de seguridad vial. También debe asegurar, además, las condiciones adecuadas de seguridad en rutas, autopistas, caminos y calles o avenidas urbanas, enfrentándose prioritariamente el fenómeno del exceso de velocidad. Pero los propios ciudadanos deben asumir como una obligación primordial el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

Se lo debe hacer en defensa de la propia vida, de los suyos y la de terceros. Y para ello es imperativo que se consoliden las campañas de concientización y se impartan en las aulas, a edades lo más tempranas posibles, fundamentos educativos que hagan a la mejor responsabilidad de las personas acerca de lo que significa el uso de la vía pública.