Jueves 10 de noviembre del 2011, Balcarce 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un hombre alto y canoso hace su ingreso a la Casa Rosada como si fuera el dueño, con la confianza de alguien que no repara en las remodelaciones efectuadas desde la época en que habitaba una de sus principales oficinas, 20 años atrás. Se trata del Guardia de hierro, ex diputado nacional por el peronismo renovador y ministro del Interior menemista, José Luis Manzano.

Martes 8 de noviembre del 2011, Madrid. En las oficinas centrales de Repsol YPF descorchan champagne para la conferencia de prensa en la que anuncian el descubrimiento petrolero más importante de su historia. En el área de Mata Muerta, provincia de Neuquén, la firma española, asociada con el grupo argentino Andes y el Gobierno de la provincia, perforó seis pozos en torno a la roca madre Vaca Muerta y según la compañía certificadora internacional Ryder Scott habría reservas por 116 millones de barriles equivalentes de petróleo (mbep), reservas contingentes por 1525 mbep y recursos potenciales por 21.167 mbep. Para tener una idea comparativa de la magnitud del descubrimiento, las reservas totales que le quedaban a YPF antes de esto eran de 583 mbep.

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

Que Manzano es el socio de Daniel Vila, competidor de Clarín de la mano del Grupo Uno, que tiene entre otros medios a América TV -al que Kirchner le renovara la licencia durante su gobierno-, posee importantes producciones vitivinícolas y es uno de los principales productores petroleros del país. Resulta que el Grupo Andes, de Vila-Manzano, tiene el 27% de Vaca Muerta.

LAS RAZONES DE LA ESTATIZACION

Aparece aquí entonces la primera razón de peso por la que el Gobierno podría querer expropiar. Simplemente tiene información privilegiada que nosotros no tenemos sobre las reservas reales, y por ende sabe lo que vale realmente la compañía. Si se confirman las presunciones de Ryder Scott, Vaca Muerta podría triplicar el valor de YPF.

La segunda razón que podría haber motivado la expropiación es la sospecha de que la empresa no estaba tomando las decisiones correctas y que por su culpa la producción de petróleo venía cayendo, obligando a la importación de combustibles. El supuesto que está detrás de esto es que el Estado, recuperando la gestión de la empresa, podría revertir esta situación.

La realidad es que las empresas tienen un solo objetivo: obtener beneficios. Si producen poco es porque dadas las condiciones actuales no les resulta rentable invertir en nuevos pozos ni hacer esfuerzos para aumentar la producción.

¿Pero qué cambió? ¿Por qué en Argentina se perforaban 102 pozos por año en la década del '80, cuando la empresa era estatal, 99 durante los '90 ya privatizada y sólo 48 pozos anuales desde el 2000 en adelante?

La respuesta es que las regulaciones y el esquema impositivo reinante (sobre todo en materia de retenciones, que son confiscatorias) hicieron que el nuestro sea el único país del mundo donde no sea negocio sacar petróleo.

En 2011 la firma ganó 5.295 millones de pesos pero pagó impuestos por 9.999 millones. En porcentajes, el Estado se quedó con el 65% del negocio. Y puesto que las regalías y las retenciones sólo castigan al upstream (la etapa extractiva) la presión impositiva sobre la renta petrolera es aún mayor y se acerca al 100% a medida que se achica el peso relativo del sector petrolero, en el negocio total (en la actualidad sólo representa el 49%, su mínimo histórico). En castellano: el negocio de YPF, con estas condiciones, paradójicamente no es el petróleo.

Dicho de otro modo, con el barril congelado en U$s 27,40 (porque el Estado se queda con el resto, a través de las retenciones), el precio del dólar congelado y los costos subiendo al 30% anual por culpa de la inflación, pues no existe otra posibilidad que la caída de la producción, pero no sólo la de YPF sino también la del resto de los 47 productores más importantes del sector.

La decisión de no invertir más por parte de YPF, consecuencia lógica y directa de las políticas regulatorias e impositivas implementadas, es conocida por el Gobierno desde que, con el ingreso del Grupo Petersen (de los Eskenazi) en el 2008, se acordó la distribución del 90% de las ganancias en forma de dividendos. No sólo que el ingreso de Eskenazi fue promovido por el Gobierno, sino que en la realidad, desde 2008 a la fecha, YPF ganó 18.676 millones, pero pagó dividendos por 24.193 (un 129%).

EL PELIGRO DEL VACIAMIENTO

Si la firma no se vació, fue porque los 5.517 millones que repartieron de más, junto con las pocas inversiones efectuadas, se pagaron con endeudamiento, a punto tal que dos terceras partes del activo de la firma están financiados por terceros: constituyen el pasivo de 36.664 millones de pesos, que tiene la YPF expropiada.

Todo esto se hizo con el voto positivo del director puesto por este mismo Gobierno que hoy se hace el sorprendido y disimula indignación.

En materia petrolera, el autoabastecimiento es una cuestión de oferta y demanda.

La estatización, como método para lograr aumentar la producción, es en el mejor de los casos pensamiento mágico, cuando no un liso y llano negociado.

(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) e investigador visitante del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS)