Abogados de San Isidro respaldaron a los jueces

El Colegio de Abogados de San Isidro respaldó ayer a los jueces de ese distrito en un conflicto por el cual un Tribunal ordenó investigar a nueve fiscales por los delitos de abuso de autoridad, falsa denuncia e intimidación contra dos secretarios de juzgados de Garantías.
"Parece haberse perdido de vista que el Poder Judicial en esencia está conformado por los jueces y ellos son los responsables de la salvaguarda y custodia de los más sagrados derechos del individuo", afirmó el colegio en un comunicado.
La polémica se inició ayer cuando la Sala I de la Cámara de San Isidro ordenó en un fallo investigar a nueve representantes del Ministerio Fiscal por los presuntos delitos de "abuso de autoridad, falsa denuncia e intimidación" contra Sandra Calcagno y Hernán Dal Verme, secretarios de dos jueces de Garantías.
El tribunal, integrado por Juan Carlos Fugaretta, Roberto Borserini y Fernando Maroto, planteó que la justicia del distrito está en "una grave crisis institucional".
Los camaristas también solicitaron que se le dé intervención a la Suprema Corte de Justicia para que inicie el jury de enjuiciamiento de los fiscales.
Los fiscales involucrados son Fabiana Cotello, Eduardo Vaiani, Lino Mirabelli, Oscar Márquez, Federico Schumacher, Beatriz Molinelli y Fabián Brahim, y los secretarios judiciales del último, Eber Manzón y José Secaff.
"Toda forma de presión o menoscabo de su investidura y más aún la desobediencia a sus órdenes implica un alzamiento contra su autoridad legítima y por ende contra la propia Constitución", aseveró el Colegio de Abogados de ese distrito del norte del Gran Buenos Aires, al expresar públicamente su apoyo a los jueces de Garantías.
"El Colegio no aceptará calladamente que so pretexto de interpretaciones a normas de procedimientos se altere o limite el derecho a defensa, se atropelle la independencia de los jueces y se subalternice la majestad de la justicia", agregó.
También expresó que "quienes así procedan deben tener en cuenta que la violación de la Constitución no puede ser aceptada por nadie y menos en funcionarios del Poder Judicial, y que no existe la posibilidad de ampararse en órdenes recibidas para eximirse de las responsabilidades que irrogan esas conductas".