La necesidad de investigar a fondo el escándalo de los planes sociales

El escándalo en torno a algunas organizaciones sociales que, entre otras figuras delictivas, podría convertirse en un caso lamentable de extorsión a centenares de miles de personas pobres, excede por sus implicancias a toda valoración de índole política y obliga a que las investigaciones judiciales en marcha lo aclaren cuanto antes y en forma cabal, identificando y, llegado el caso, sancionando a los presuntos responsables de los muchos delitos que habrían cometido.

Tal como se ha señalado en las noticias y artículos de fondo publicados en este diario, el eje de la irregularidad se resumió en este tipo de “pacto” -desde luego que desigual- entre quienes manejaban las ayudas sociales para organizar piquetes u otras protestas y sus receptores: “Si no vas a la marcha te quito el plan”, sería la consigna dominante.

Se conocía esta situación por múltiples comentarios, por testimonios de las personas víctimas de esa supuesta extorsión. Inclusive, algunas personas encargadas de distribuir esos aportes del Estado comenzaron a dar dudosas explicaciones públicas sobre esa suerte de modalidad. Algunos manifestantes también lo fueron haciendo ante las preguntas de movileros de la televisión o radio, inclusive dando a conocer las sumas de dinero que recibían por acudir a las movilizaciones. Además, cuando dijeron desconocer por completo el motivo de la “protesta”.

Un analista político de este diario dijo hace varios días que “la respuesta de los líderes piqueteros siempre es la misma: que es una operación del que denuncia, que busca criminalizar la protesta social o, en el mejor de los casos, admite que puede haber una sola ‘manzana podrida’ en la organización y se promete su inmediata expulsión. Algo que, por supuesto, realmente nunca se concreta”.

También se habían sumado testimonios de los titulares de estos planes sociales en los que dieron a entender con claridad que tenían temor a las represalias en caso de denunciar este mecanismo ciertamente extorsivo. Al decir “represalia” dejaban en claro que tenían miedo de perder esa ayuda mensual, de ser borrados de las listas.

Sin embargo, todo indica que ese temor comenzó a resquebrajarse hace dos años. Una publicación de Infobae de junio de 2022 señaló que en los anteriores cuatro meses se habían concretado unas cuatro mil presentaciones ante el ministerio de Trabajo, en las que se denunciaron irregularidades con los planes sociales, dejando en evidencia que muchos de esos planes eran, en realidad, “clientelares”. También otras 1.700 personas habían planteado entonces casos de presunto maltrato por parte de los que manejaban algunas de las organizaciones sociales y otros 900 de presuntas amenazas.

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Son demasiados los interrogantes y, asimismo, las figuras delictivas que entran en juego en esta cuestión, muchas de ellas penales y otras de índole civil. Desde delitos contra el patrimonio del Estado -entre ellos el de malversación de fondos- hasta supuestos robos al erario, ya que también se investiga si parte del dinero público destinado a los planes sociales no se encuentra engrosando el patrimonio de algunos referentes que administraban esos aportes.

Sin poner en mengua el legítimo derecho a la protesta, se impone determinar si, tal como se ha conjeturado, no hay miles de casos en los que personas que perciben planes sociales poseen empleo formal registrado, sean prófugos de la Justicia, sean propietarios de un comercio abierto al público, perciban otros subsidios, hayan viajado muchas veces al extranjero o vivan fuera de nuestras fronteras, tengan uno o más inmuebles o sean dueños de un automotor, embarcaciones y/o aeronaves, cuya antigüedad sea menor a 10 años, entre otras condiciones que los inhibirían de recibir el subsidio.

Vale reiterar que no se trata de perseguir al que busca reclamar o peticionar en defensa de algún derecho ante las autoridades. En cambio, sí parece necesario desarticular una posible trama de corrupción que afecta al patrimonio del Estado, que se forma con el común aporte de todos sus habitantes. De allí que deban aclararse cuanto antes estos supuestos desvíos de fondos y las demás irregularidades que podrían acompañar a la que podría ser una gigantesca estafa y defraudación a la sociedad y al patrimonio del Estado. Y sancionar a los responsables con el máximo rigor legal.