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Gobierno y gremios también discrepan sobre desde cuándo regirá la mejora salarial, entre otros factores de fricción
Desde ya, el nivel del aumento de salarios que finalmente se dispondrá este año para los docentes y demás trabajadores del Estado es el factor clave y decisivo de las negociaciones paritarias en desarrollo en la Provincia. Pero no es, por cierto, el único motivo de disputa entre el gobierno y los sindicatos, en el marco de una larga serie de demandas presentadas por los gremios.
Este año, por caso, uno de los ejes de la discusión pasa por un factor “novedoso” en las paritarias bonaerenses: cómo se pagará el aumento.
Y en ese punto, las posiciones son abiertamente contrapuestas. La Administración Scioli buscará que se determine ahora un único incremento para todo el año, y que éste se pague no enteramente desde el comienzo de su aplicación, sino “en cuotas”. Por ejemplo, que una eventual mejora del 21% para el año, se liquide pagando el 7% en el primer cuatrimestre, otro 7% en el segundo y el restante 7% en el último tramo del año.
Con un contundente rechazo a un esquema escalonado de ese tipo, tanto los sindicatos docentes como los de los sectores administrativos demandan que, por el contrario, se determine ahora un aumento -que, sostienen, debería ser superior al 20% para compensar la inflación-, que se pague “entero” desde el comienzo y que se deje abierta la negociación salarial para discutir una segunda mejora a mitad de año.
otras demandas
Asimismo, es motivo de discrepancias desde cuándo comenzará a regir el aumento que se determine ahora. Los funcionarios de Scioli buscarán que se aplique desde marzo, pero los gremios coinciden en rechazar de plano esa alternativa y piden que rija desde el 1º de enero, con lo que los sueldos de marzo -o abril, depende de cuánto se extiendan las negociaciones- se pagarían con un retroactivo del aumento de dos o tres meses.
`reclamos para el gobierno nacional
Además, la lista de demandas que los gremios presentaron en los últimos días ante los funcionarios provinciales incluyen reclamos cuya respuesta está, en rigor, en el gobierno nacional.
Así, los docentes han pedido que las autoridades provinciales hagan gestiones para lo que reclama Hugo Moyano desde hace dos años, y ahora también la CGT “oficialista”: que se modifique el piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia tienen que empezar a pagar el impuesto a las Ganancias.
Y docentes y estatales piden también que se eliminen los topes para el pago de las Asignaciones Familiares. Ese es un beneficio que determina, en sus alcances y montos, el gobierno nacional, y al que adhiere la Administración bonaerense. Con todo, en este caso, el gobierno provincial tiene facultades para establecer -impulsando la sanción de una ley, en rigor- su propio mecanismo de Asignaciones Familiares para su personal.
Cada sector, por último, ha elevado propuestas específicas. Los docentes plantean que el aumento que se establezca se aplique íntegramente sobre el sueldo básico -un modo de aumentar otros rubros que conforman el salario- y los administrativos piden la incorporación al básico de sumas que ya se pagan pero “en negro”.
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