El Gobierno denunció un “complot desestabilizador”

El gobierno nacional reaccionó fuerte ayer frente a las protestas policiales iniciadas la semana pasada y que ya alcanzaron a 18 provincias y, ante la preocupación por eventuales nuevos hechos de violencia por falta de seguridad, anunció su decisión de darle intervención a la Justicia.

Desde temprano, la Casa Rosada salió a advertir a través de declaraciones periodísticas las consecuencias de medidas de fuerza de este tipo, aunque recién por la tarde, el ministro de Justicia, Julio Alak, adelantó una medida concreta: iniciar denuncias penales para que se investigue a quienes no estén cumpliendo con el deber de “garantizar un derecho de todos los ciudadanos como es la seguridad pública” y a quienes incentiven los saqueos.

LA PRESIDENTA AL TANTO

Fuentes oficiales revelaron que la presidenta Cristina Fernández recibió un informe detallado de los acontecimientos durante una reunión mantenida en Olivos, por la tarde, con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni. “La seguridad es un servicio publico esencial del que ningún ciudadano puede ser privado”, dijo Alak en conferencia de prensa, porque “quien ingresa a una institución policial, sabe que no puede recurrir a medidas de fuerza”.

En la misma conferencia de prensa, Alak, y su segundo Julián Alvarez, hablaron de un “complot desestabilizador” y acusaron a sectores del Frente Renovador de Sergio Massa de “incentivar” los saqueos (ver página 6) y advirtieron que las protestas policiales “generan una alteración al orden publico”.

De esa manera, el oficialismo denunció una campaña impulsada a través de las redes sociales que convocaba a una jornada de saqueos para el próximo 20 de diciembre

Temprano por la mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había abierto la embestida contra las protestas policiales al señalar que no es “casualidad” que se desarrollen al cumplirse 30 años de democracia.

En su habitual rueda de prensa matutina, advirtió que “algunos aspectos” de los hechos ocurridos en las últimas horas en distintos puntos del país “pueden encuadrarse en el delito de sedición”.

“Los policías deben ser protectores de la población y no promotores del caos”, dijo el jefe de ministros, para señalar de inmediato que “no puede existir sindicalización para una persona que porta un arma”. En este marco, resaltó que “hay acciones deliberadas de grupos que pretenden generar caos y zozobra”.

Capitanich aseguró que está “en contacto permanente con todos los gobernadores” en donde se registran acuartelamientos policiales, e insistió que “cualquier conflicto debe resolverse en el marco de negociaciones” pero que deben hacerse cargo cada provincia.

MENSAJE A LA OPOSICION

Por su parte, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, apuntó a la oposición política al manifestar su sorpresa por el “muy llamativo silencio” frente a “los saqueos y hechos violentos” que se registraron en medio de las protestas policiales y que “tienen el objetivo de generar clima de desestabilización

El ministro de Justicia anunció que “todos los fiscales federales de la Nación van a priorizar la investigación de hechos de saqueos, porque se está alterando una garantía federal como es el orden público”.

Finalmente, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, advirtió que “no podemos ser rehenes y víctimas de un grupo minúsculo de funcionarios a los que la sociedad le dio armas para velar por sus intereses y no para extorsionar” y remarcó que hubo “acciones premeditadas” para generar conflicto con las policías provinciales.