Habilitan la feria judicial para tratar la denuncia de Nisman

EL JUEZ ARIEL LIJO SUSPENDIÓ SUS VACACIONES Y HABILITÓ LA FERIA JUDICIAL PARA TRATAR LA DENUNCIA DEL FISCAL ALBERTO NISMAN

El juez federal Ariel Lijo decidió ayer levantar la feria judicial de enero para avanzar en la investigación por la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman había presentado contra la presidenta, Cristina Kirchner, y canciller, Héctor Timerman, a quienes acusó de “encubrimiento” en la causa AMIA.

El magistrado regresó de sus vacaciones y se incorporó a sus funciones luego de que durante las dos primeras semanas de enero su juzgado el Nº4 en lo Criminal y Correccional Federal, fuera subrogado por la jueza federal María Servini de Cubría, quien había rechazado habilitar la actividad durante el receso veraniego en la Justicia para tratar la denuncia de fiscal.

Nisman había presentado el miércoles pasado la denuncia contra la Presidenta y contra Timerman ante el juzgado de Lijo, donde ya se tramita una antigua causa por irregularidades ocurridas en la tramitación de la causa AMIA, por la que ya fueron procesados y enviados a juicio oral el exjuez Juan José Galeano y el expresidente Carlos Menem.

TRAMITE POSPUESTO

El jueves pasado, la jueza que subrogaba el juzgado de Lijo, María Servini de Cubría, decidió posponer el trámite de la denuncia de Nisman hasta que regresara el titular.

Servini entendió que los pedidos del fiscal para que los principales sospechosos no salieran del país no requería una inmediata atención, hasta el regreso de Lijo, que iba a producirse en febrero.

Sin embargo, el juez titular decidió regresar antes y habilitó la feria para dar curso a la denuncia presentada.

El juez Rodolfo Canicoba Corral había dicho que Nisman debió haber enviado a sorteo su acusación para que recayera en uno de los doce jueces federales.

Sin embargo, el fiscal entendió que formaba parte de otro de los hechos de encubrimiento en la megacausa por el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994.

La denuncia de Nisman compromete a Cristina Kirchner y a dirigentes de su entorno en una supuesta “confabulación criminal” para proteger a los sospechosos iraníes por el atentado con el objetivo de mejorar las relaciones con ese país para negociar la llegada de petróleo.