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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó ayer a las autoridades que asuman en diciembre próximo “que tengan una actitud diferente” a la del gobierno actual “respecto del libre ejercicio del periodismo” y que garanticen la “plena libertad de expresión, sin represalias ni hostigamientos”.
También le pidió a los futuros gobernantes que “corrijan” las “desviaciones” en materia de “prácticas arbitrarias y discriminatorias” que afectan a los medios y que restauren “el derecho a la información de la ciudadanía”.
En dos resoluciones sobre la Argentina, que se dieron a conocer ayer en la ciudad de Charleston (Estados Unidos) al cierre de su Asamblea 71º, la institución que nuclea a la prensa del continente se refirió a la “campaña sistemática de deslegitimación del periodismo profesional por parte del poder político” y a la “distribución arbitraria de la publicidad oficial”.
También hizo conocer una serie de conclusiones generales sobre las “alarmas” que se registran en todos los países en materia de libertad de prensa, en un Informe en las que la situación de la Argentina fue expuesta media docena de veces.
“Es que ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora que se extiende como inmensa mancha de aceite”, puntualizó la SIP.
En cuanto al caso argentino, referido a lo que definió como una “campaña” contra la prensa, la SIP consideró que “se ha manifestado en ataques verbales a medios y periodistas por parte de altos funcionarios, en carteles y escraches en la vía pública, en el uso de organismos públicos como herramientas de intimidación y en la estigmatización de voces críticas en los medios estatales y paraestatales”.
También recordó que, “en varias ocasiones, la violencia pasó al plano físico, como sucedió durante las últimas elecciones para la gobernación de Tucumán, en la cual periodistas y camarógrafos fueron atacados brutalmente por informar sobre irregularidades”.
Entre los considerandos, la SIP incluyó la “violencia” contra el periodismo derivada del narcotráfico y el “hostigamiento” a medios no alineados con el Gobierno.
En ese sentido, resolvió “rechazar” ese tipo de actitudes, pidió “tolerancia” a las actuales autoridades y solicitó a los tres poderes del Estado que arbitren “las medidas para garantizar la seguridad de medios y periodistas, ante los ataques provenientes del crimen organizado”.
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