Ofensiva de la oposición para iniciar un juicio político a Dilma

BRASILIA.- Mientras el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, liderado por la presidenta, Dilma Rousseff, nombró ayer al líder regional Marcio Macedo como su nuevo tesorero en el lugar de Joao Vaccari, preso esta semana en el marco de la investigación del escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, la oposición política comenzó a preparar la batalla legal para iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

Pese a que algunos referentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que lidera el ex mandatario Fernando Henrique Cardoso, había minimizado la posibilidad de iniciar un proceso de juicio político destinado a destituir a la mandataria, lo cierto es que en las últimas horas comenzó una nueva ofensiva en tal sentido con un pedido de investigación de los préstamos de bancos oficiales.

REEMPLAZO

El nombramiento de Macedo fue anunciado por voceros del mayor partido de izquierda brasileño tras una reunión de los miembros de la Dirección Nacional para analizar la posición del PT con respecto de las acusaciones contra Vaccari y la propia formación para tratar de frenar el deterioro político de la presidenta.

Desde el lado de la oposición, el panorama se presenta como el más adecuado, luego de las marchas de los últimos dos meses para presionar al Congreso con el objeto de iniciar el juicio político contra la Presidenta por su responsabilidad frente al esquema de corrupción en Petrobras, y después con el arresto del tesorero del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), presuntamente involucrado de manera directa en el escándalo.

Una cuestión que podría ser clave en la evolución de la crisis la aportó el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que informó que halló indicios de que el Gobierno violó la Ley de Responsabilidad Fiscal entre 2012 y 2014 al demorar el traspaso de recursos a los bancos públicos para manipular artificialmente las cuentas, la apodada “contabilidad creativa”.

Frente a estos retrasos, el Banco de Brasil, la Caja Económica Federal y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (el poderoso BNDES) tuvieron que usar fondos propios para cubrir gastos sociales que son cargas que corresponden al Gobierno federal, como el programa Bolsa Familia y el seguro de desempleo.

Por unanimidad, los miembros del Tribunal de Cuentas consideraron que esto significó en la práctica un préstamo de dinero de estos bancos, lo que está prohibido por ley.

El asunto no está específicamente relacionado con el escándalo de corrupción destapado en Petrobras.

Sin embargo, como la responsabilidad de Rousseff en el caso sería muy difícil de probar -aunque ella fue durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Ministra de Minas y Energía primero y luego jefa de Gabinete, cargos con supervisión de Petrobras-, desde la oposición política se cree que la revelación del Tribunal de Cuentas ofrece una promisoria cuña para introducir el pedido de juicio político en el Congreso.

El Gobierno parece temer que esta estrategia avance y el jueves instruyó al Abogado General, Luis Inácio Adams, a que presente una apelación al veredicto del Tribunal

La oposición brasileña solicitó ayer de manera formal, la apertura de una investigación parlamentaria sobre los negocios del BNDES por sus supuestos nexos con los casos de corrupción. El pedido del PSDB, tuvo respaldo de diputados de otras formaciones e incluso de miembros de la alianza oficial.