El fiscal general de Mar del Plata rechazó la denuncia en su contra por delitos de lesa humanidad

La Comisión Provincial por la Memoria lo acusa de estar vinculado con la muerte de una militante de izquierda y con espionaje

El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, negó hoy tener relación con el secuestro y asesinato de la militante de izquierda Ana María Martínez y otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, por los que ayer lo denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Según la denuncia de la CPM, Fernández Garello era en esa época oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) y se "infiltró en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Episcopal", entre otras tareas de espionaje que eran parte de la represión terrorista de Estado.

El mismo organismo bonaerense de derechos humanos aseveró que la participación en crímenes de lesa humanidad que atribuyó a Fernández Garello surge de documentación hallada en dos causas judiciales, una por "el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez" y otra por detenciones ilegales y torturas a militantes comunistas en 1981 y 1982.

Estas causas fueron abiertas en los tribunales federales de San Martín y San Isidro, y en el desarrollo de esas investigaciones encontraron documentación que, según la CPM, implica al fiscal general marplatense.

A través de un comunicado, Fernández Garello dijo “desconocer la documentación a la que se hace mención” respecto de los casos mencionados y otras “17 intervenciones” entre 1978 y 1982 en “actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas”.

Según la CPM, en su paso por la Dippba, en esos años, el ahora fiscal general de Mar del Plata se desempeñó primero "como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín" de ese organismo de inteligencia policial de siniestra actuación en la represión terrorista de Estado.

Por su parte, Fernández Garello aseveró que en el momento del secuestro y asesinato de Ana María Martínez "prestaba servicios en la Dirección General de Asuntos Judiciales con asiento en la Comisaría de Haedo para trabajar con Jueces del Departamento Judicial de Morón, dato que puede corroborarse accediendo a la información de mi legajo, por lo que resulto totalmente ajeno a ese hecho” y a otros de "similar naturaleza”.

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