Las fiestas electrónicas en el centro del debate: ¿mejorar controles o no autorizarlas?

Las fiestas electrónicas están en el centro de la tormenta. Después de que ocho jóvenes murieran en menos de un año tras participar de eventos de este tipo, donde consumieron drogas de diseño, se desató una controversia que durante la última semana alcanzó una intensidad inédita a partir de la situación planteada en Mar del Plata, donde el intendente quiso prohibirlas a través de un decreto, aunque al final terminó autorizando las programadas para este fin de semana y abriendo la puerta para autorizar otras seis a lo largo del verano.

La realización de la primera rave del año en la Costa en la madrugada de ayer y sin incidentes en las playas del sur marplatense no terminó con la polémica. Mientras esto pasaba en la Feliz, en la provincia de Santa Fe, donde se produjo la última fiesta electrónica trágica en el mes de enero, dos fiestas de este tipo fueron canceladas por sus propios organizadores. Y la opinión en torno al tema sigue dividida.

En el marco de ese debate, hay dos posiciones que se cruzan. La de los que prefieren que esas fiestas no se realicen en sus distritos y ven con buenos ojos suspender sus autorizaciones hasta tanto no haya un marco legal que establezca claramente los controles y requisitos que deben cumplir. Y los que sostienen que prohibir no arregla nada y se basan en un dato concreto para afirmarlo: los cambios registrados en la diversión nocturna después de la trágica fiesta de Time Warp, cuando la Ciudad de Buenos Aires dejó de autorizar este tipo de encuentros y proliferaron las fiestas clandestinas en ámbitos de control todavía más difícil.

En el medio se ubican los que reclaman un marco legal específico para este tipo de eventos sin caer en la prohibición. En ese sentido, existe un proyecto presentado en la legislatura bonaerense por el legislador del Frente Renovador Gabriel Pampin, que propone una serie de medidas sanitarias y de control para proteger a los asistentes.

Con todo, otros destacan que el endurecimiento de los controles no dio los resultados esperados, por ejemplo, en Santa Fe, donde las altas exigencias del municipio de Rosario llevaron a los organizadores de la trágica fiesta de Arroyo Seco, donde murieron dos jóvenes que consumieron éxtasis, a buscar normas más laxas en ese municipio.

antecedentes

El mundo de las fiestas electrónicas reconoce un antes y un después en la trágica fiesta Time Warp, realizada en el complejo porteño de Costa Salguero en abril de 2016 y que dejó el saldo de cinco personas muertas. En todos los casos se trató de jóvenes de entre 20 y 25 años que habían consumido éxtasis y otras drogas de diseño durante el evento y se descompensaron en ese lugar o posteriormente.

En julio del mismo año, una artista plástica de 38 años moría en una fiesta electrónica llevada a cabo en Córdoba y después de tomar drogas de diseño.

El primer día de 2017 se escribía la última página trágica de esta historia, con la muerte de Giuliana Maldován (20) y Lucas Livertore (34) en una rave realizada en el boliche Punta Stage, de Arroyo Seco, a 40 kilómetros de Rosario (ver gráfico).

Las muertes se dieron en el marco de eventos multitudinarios de los que después se hacía una descripción coincidente: drogas que se vendían a la vista de todos “como caramelos”, hacinamiento y falta de agua. Esto cuando el agua es un elemento necesario para que no se deshidraten quienes consumen drogas como el éxtasis.

Con estos antecedentes y la opinión pública todavía sensibilizada por los últimos decesos, el anuncio de las raves previstas (y que ya habían sido habilitadas) en plena temporada en las playas del sur de Mar del Plata desató una tormenta.

Durante toda la semana hubo idas y venidas, amenazas de cancelación, hasta que finalmente se autorizó las dos fiestas electrónicas que estaban previstas para este fin de semana, aunque sigue vigente el decreto que suspende nuevos permisos.

“Yo no seré quien vaya a darle el pésame a un padre por una fiesta de estas. No voy a autorizar ninguna fiesta electrónica”, dijo en medio de la polémica el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, que el martes firmó en decreto que prohibía este tipo de fiestas en todo el partido de General Pueyrredón.

Fue el principio de una agitada seguidilla de reuniones en la que los organizadores plantearon que las fiestas ya habían sido habilitadas por el municipio y que habían cumplido con todas las exigencias.

Mientras las reuniones seguían, un grupo de jóvenes se manifestaba frente a la municipalidad pidiendo que no se suspendan las raves.

Al final, el intendente accedió a autorizar las dos fiestas previstas para el fin de semana, pero exigiendo a los organizadores a través de un acta que agreguen mayores controles por un costo de 280.000 pesos, mientras también se redoblaban los recursos municipales para asistir posibles emergencias y se hacían controles en rutas, donde se detectaron drogas (éxtasis, marihuana, cocaína y troqueles de LSD) que llevaba gente que se diría a la fiesta (ver página 5).

Mientras tanto, en Pinamar, el secretario de Gobierno Guillermo Benítez declaró que “no hay ninguna medida para suspender” las fiestas electrónicas.

En tanto, el proyecto de ley que espera tratamiento en la legislatura establece que los eventos masivos de música electrónica se realicen al aire libre y que se solicite un permiso especial para hacerlo en lugares cerrado o semicerrados.

Dispone que los organizadores incorporen una metodología de control de acceso que sea medible, a través de un sistema tecnológico visible certificado, que permite el control de ingreso y egreso de los asistentes al evento.

También establece que los organizadores deberán proveer fuentes de agua aptas para el consumo humano en todo el transcurso del evento en forma gratuita y contar con servicio médico con refuerzo de servicio ambulatorio.

También dispone que presenten un protocolo de manejo frente a potenciales catástrofes sanitarias y que aseguren la presencia de personal de seguridad privada y policial.