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Por MARTIN TETAZ (*)
Twitter: @martintetaz
Según el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS), en el primer semestre del 2015, último período comparable en el que se hizo la encuesta permanente de hogares, 30,5% de las familias estaban debajo de la línea de pobreza. Técnicamente esto quiere decir que los ingresos del hogar no les alcanzaban para comprar una canasta básica de bienes y servicios, que incluye los alimentos necesarios para que un adulto equivalente ingiera equilibradamente 2.750 calorías por días, pero que también contempla un conjunto de otros requisitos básicos de vida como por ejemplo salud, vivienda, vestimenta y transporte.
Aunque no existen datos del INDEC para el primer semestre del 2016 sabemos, sobre la base de la estimación de esa institución para el segundo trimestre del año pasado, en combinación con los datos aportados por otros institutos de investigación como el Observatorio de la Universidad Católica, que la pobreza aumentó entonces, básicamente por la combinación del shock inflacionario causado por la salida del cepo y la recesión de ese año, que golpeó particularmente a sectores que nuclean a muchos trabajadores de la parte baja de la distribución del ingreso, como por ejemplo los de la construcción.
En el largo plazo, si el objetivo prioritario del gobierno es eliminar la pobreza y la indigencia, el esfuerzo presupuestario debería estar apuntado a transferir herramientas que igualen oportunidades y eliminen cualquier tipo de barrera discriminatoria que pudiera existir.
Esta semana se conocieron los datos del relevamiento del organismo oficial para el primer semestre del 2017 y la buena noticia es que la pobreza bajó al 28,6% lo que implica, si proyectamos la muestra a nivel nacional, unos 800.000 pobres menos que en el mismo período del 2015.
Los datos de indigencia, en cambio, no mostraron resultados tan alentadores, puesto que 6,2% de los argentinos continúan sin juntar el dinero necesario para cubrir siquiera el requerimiento calórico diario; ni hablar ya de otro tipo de privaciones. El número es estadísticamente indistinguible del 6,3% que según la medición comparable del CEDLAS, pasaban hambre en 2015.
La caída de la pobreza es lógica; hay por lo menos 4 sospechosos que pueden explicarla. En primer lugar, la fuerte baja de la inflación que en los últimos 12 meses acumuló 23% según el IPC GBA, contrasta con el aumento de los ingresos de los tres deciles más pobre de la población que aumentaron en promedio 30,1 en el mismo período. En segundo lugar, contribuyó la recuperación del empleo, sobre todo en segmentos de la actividad con fuerte incidencia en los hogares de la parte baja de la distribución, como ocurre con la construcción. En tercer lugar, impactaron el millón cuatrocientas mil asignaciones familiares más que puso en la calle la ANSES, además del record de gasto público social que en 2017 representó 64% del presupuesto y que alimentó jubilaciones y pensiones, pero también planes como el salario social complementario que perciben cerca de 300.000 trabajadores de la economía popular. La cuarta causa explicativa tiene que ver con la tarifa social que, en el caso particular del transporte, por ejemplo, hizo que los sectores más postergados pagaran incluso menos que en 2015, aún a pesar de toda la inflación que hubo en el medio.
En contraste, hay un núcleo duro de 2.500.000 argentinos que no ganan lo suficiente para comer y ninguna de las medidas del gobierno parece acertar en ese blanco.
Es probable que una de las razones de la persistencia sea que, en promedio, se trata de hogares con menos hijos y que por lo tanto no reciben el auxilio de la asignación universal. Puede parecer curioso, pero si el treinta por ciento más pobre de la población accede a una cobertura de la seguridad social en función de los niños que hay en cada hogar, pues aquellas parejas sin hijos quedan relegadas al último escalón y esto es lo que parecen mostrar los datos del INDEC.
Por otro lado, cuando se mira la evolución de los ingresos por decil, observamos que el 10% más pobre es el que menos mejoras nominales tuvo en los últimos 12 meses, mientras que los dos siguientes deciles consiguieron aumentos superiores al promedio de la clase media, lo que explica en parte por qué algunos de estos últimos pudieron salir de la pobreza, mientras que los primeros no movieron la aguja de la indigencia.
En el largo plazo, si realmente el objetivo prioritario del gobierno es eliminar la pobreza y la indigencia, el esfuerzo presupuestario debería estar apuntado a transferir herramientas que iguales oportunidades y eliminen cualquier tipo de barrera discriminatoria que pudiera existir. Las prioridades deberían ser la educación, la salud y la vivienda, al tiempo que el resto de los programas que no tengan impacto en productividad, empleo, e igualdad de oportunidades, deberían reducirse.
En el corto plazo se trata de gastar mejor, apuntando los recursos públicos a donde más impacto generan en términos de reducción de pobreza. La asignación universal por hijo (AUH) ha sido uno de los programas de mayor precisión, al tiempo que los subsidios a la energía y el transporte han demostrado beneficiar más a los sectores más acomodados de la sociedad.
Para tener una idea; según el INDEC, en promedio, los hogares indigentes están a $2.580 pesos mensuales de salir de esa condición. Esto quiere decir que si el gobierno instrumenta un programa de hambre cero que identifique a cada una de esas 500.000 familias y les transfiera esa suma, elimina la miseria alimentaria con $15.480 millones de pesos por año; menos del 5% del dinero que gasta en subsidiar la energía y el transporte de la clase media y alta.
(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) y autor de "Casual Mente" y "Psychonomics"
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